El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tendría escondida en el extranjero la ‎fortuna que acumuló como gerente-asociado del banco Rothschild, de 2010 a 2012, de acuerdo al equipo de investigación periodística denominado Off Investigation. De acuerdo al informe revelado, los gerentes-asociados del banco Rothschild reciben sólo la ‎quinta parte de su remuneración en Francia, mientras las otras cuatro quintas partes se resguardan en ‎‎Trust Funds en las islas anglo-normandas o islas del Canal de ‎la Mancha, que son “Dependencias de la Corona británica” sin ser parte del Reino Unido. De esta manera, la mayor parte de la fortuna del presidente francés escapa del fisco y las cuentas de su país. ‎A diferencia de lo que suele ocurrir con muchas investigaciones sobre la corrupción de mandatarios, en este caso, la prensa global ha optado por silenciar el hecho, la protección a Macron es total.

El grupo Off Investigation está conducido por Jean-Baptiste Rivoire, ex periodista de Canal+, especializado en investigación y actualmente por publicar un libro sobre las presiones que el Elíseo y los dueños de la prensa ejercieron sobre la información durante los mandatos de Nicolas Sarkozy, François Hollande y Emmanuel Macron.

El informe se pregunta: “¿Cómo creer que el patrimonio de Emmanuel Macron se limitó a 156.000 euros en 2014, cuando había ganado más de 3 millones de euros en el banco Rothschild entre 2008 y 2012? De ser cierto, eso significaría que gastó casi un salario mínimo por día entre 2009 y 2012″, un tanto inverosímil.

Otro negocio multimillonario en el que participó Macron y del que no han quedado registros fue su intercesión, como agente de la banca Rothschild en la compra de la rama de productos infantiles de Pfizer por parte de Nestlé.

“¿Cómo creer que durante la adquisición de la rama de nutrición infantil de la estadounidense Pfizer por parte del gigante suizo Nestlé, se produjo un enorme “negocio” de 9.000 millones de euros en el que Emmanuel Macron había jugado un papel clave en 2012 en el seno del banco Rothschild & co, sólo recibió unos cientos de miles de euros en concepto de comisiones, tal y como manifestó en su declaración de intereses de 2014?”, cuestiona la investigación.

Las declaraciones juradas de Macron cierran aún menos si se tiene en cuenta que  los bancos de inversión reciben un promedio de entre el 0,5% y el 1,5% de los “acuerdos” superiores a los 500 millones de euros. Si esto se aplica al caso de Pfizer/Nestlé, Rothschild & Co habría obtenido de 45 a 135 millones de euros. Siendo que Emmanuel Macron fue el encargado de acercar el cliente a Rothschild y jugó un rol determinante para convencer al directorio de Nestlé de ofertar 500 millones más que Danone para ganar el caso, resultaría altamente improbable que solo haya recibido unos pocos cientos de miles de euros.

Desde que asumió como ministro de Economía, en agosto de 2014, las declaraciones de bienes de Macron fueron polémicas: “Ese año declaró un modesto patrimonio de 156.000 euros, ¡menos que Nathalie Arthaud o Benoit Hamon! Sin Philippe Poutou y sus 31.000 euros en activos, Macron habría sido el más pobre de los candidatos presidenciales de 2017”, señala el informe.

“Pero al observar el patrimonio de la pareja, Hacienda estimó en 2015 que la casa de Le Touquet, propiedad de Brigitte Macron, había sido infravalorada en 253.000 euros. Una vez elegido para el Elíseo, Emmanuel Macron abolió el impuesto sobre el patrimonio y lo sustituyó por un “Impuesto sobre el patrimonio inmobiliario” más conciliador, a riesgo de reforzar un sentimiento de injusticia ya muy presente en la “Francia de abajo” y de contribuir a el estallido de la revuelta de los ‘chalecos amarillos’ en noviembre de 2018 (4.500 heridos, millones de euros en daños)”, sostiene la investigación.

Según la ley francesa, “la no declaración, la valoración falsa de los bienes propios o la omisión de una parte sustancial de los bienes o intereses propios es un delito sancionado con tres años de prisión y multa de 45.000 euros. También se puede dictar la pena de inhabilitación de 10 años y la de prohibición de ejercer función pública”.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Presidencia de la República, en siete meses de investigación, nunca contestó una sola pregunta.

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