Que hay jueces, fiscales y magistrados masones en España, como en el resto del mundo, no cabe duda alguna. Lo grave no es que estén afiliados a las diferentes logias, lo grave es que no se conozcan sus nombres. Porque al final un juez con su inmenso poder debe ser lo que parece.  Jueces hay que son masones y que no han hecho gravedad a nadie. Pero posiblemente es porque no hubo ninguna razón para que entrara en conflicto su logia con la judicatura y, por ello, el resultado es el dicho.

A este respecto, el profesor Armando S. Andruet (Universidad Católica de Córdoba, Argentina) en un artículo sobre la Recomendación 1/ 2014 de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) afirma que “la Recomendación citada muestra una minimización del asunto, con una cierta dosis de ingenuidad acerca de la entidad que la masonería tiene”. Añade que el hecho de que no exista un acceso libre a dicha orden, sino restringido a quienes han sido iniciados supone el cumplimiento de determinados estándares y que un observador razonable puede considerar que afecta la integridad del juez. Es aquí donde el límite entre el ser y el parecer se hace poco perceptible y el parecer viene a gobernar al ser. Por ello, se debe exigir al juez que cuide sus relaciones personales, que evite lugares que pueden llevar al equívoco a los ciudadanos, que evite manifestarse de un modo que comprometa su independencia o imparcialidad. “Pero a la vez, se promueve que pueda conjugar su labor de juez con estructuras consolidadas de personas que anteponen a cualquier otra realización ideales que si bien en abstracto pueden ser loables y quizás mucho, como es la hermandad de la fraternidad, en la praxis pueden entrar en conflicto. Y el juez, tiene una dimensión realizativa contramayoritaria, lo cual no siempre entonces se habrá de condecir con los símbolos de la rectitud del oficio masón: escuadra, compás y plomada, que en la tradición masónica tienen una clara vocación de ejercer un espacio de poder”. (Armando S. Andruet:  Jueces masones, el Código Iberoamericano los ampara, en Comercio y Justicia, 22 de agosto de 2018)

La influencia de la masonería, por extensión y poder es tremendamente preocupante ya que parece haberse introducido por todo el planeta y en todas las áreas de la sociedad a través de sus múltiples tentáculos. En España tenemos pocas noticias veraces al respecto, pero, de momento, por aquello de que por sus hechos los conoceréis, podemos establecer similitudes en actuaciones judiciales con el caso Ungheria, la logia italiana que decidía los altos cargos de la magistratura y de la justicia y también de las fuerzas del orden en Italia.

Este escándalo ha salido a la luz, según cuenta el periodista Antonio Olivié[1], en su crónica desde el Vaticano del  01/10/2021,  por las declaraciones del abogado vinculado a ENI, (la multinacional energética y petroquímica de Italia), Piero Amara, masón arrepentido de la Logia Ungheria condenado por corrupción. Esas declaraciones implican a numerosos altos cargos del país, entre ellos a Giancarlo Longo, antiguo fiscal de Siracusa (Sicilia), hoy jubilado.

Según las Fiscalías de Roma y Messina, que emitieron las órdenes de detención, ambos habrían sido protagonistas de un complejo entramado cuyo objetivo final era enturbiar, mediante la creación de pruebas y pistas falsas, las investigaciones de sus colegas sobre ENI. La compleja trama, por la que también han sido emitidas órdenes de arresto para otras 13 personas —vinculadas también a otros casos—, ha sido destapada un mes después de que el Tribunal de Milán obtuviese en diciembre pasado la autorización para llevar a juicio al consejero delegado de la petrolera italiana, Claudio Descalzi y su predecesor, Paolo Scaroni. Según la acusación milanesa, Descalzi y Scaroni, junto con Royal Dutch Shell, le entregaron un soborno que rondaría los 1.200 millones de euros a funcionarios del Gobierno de Nigeria, para obtener los derechos de explotación exclusivos del yacimiento Opl 245, uno de los más grandes de África.

Especialmente grave resulta el nombramiento del fiscal general de Milán.

Amara ha confesado que la red de relaciones de Ungheria se utilizó para condicionar el nombramiento del Fiscal de Milán. Se pidieron candidaturas de amigos o de personas a las que se podía acceder, aunque no formasen parte de la asociación. Otros miembros de la Ungheria fueron Antonio Serrao, conocido como ‘Tonino’, que en aquella época era director general del Consejo de Estado y el Fiscal General de Turín.

Muy significativas son las conversaciones que mantuvo con Gianni Tinebra cuando le sugerían que «contaba con las características para participar con un grupo de personas que mantenían un vínculo de solidaridad, amistad y disponibilidad, algo que me sería muy útil a lo largo de mi vida». Gracias a ellos se reforzaba el ideal de un Estado liberal, hecho que subrayaban y recordaban a menudo. El abogado Amara, confiesa que desde el primer momento fue consciente de que esos ideales eran una quimera. «El grupo servía únicamente para el intercambio de favores. Por lo que he podido ver, este grupo ha representado, o representa, lo que definiría como una especie de contrapoder, en ocasiones más fuerte que la política». Una asociación que «tenía la capacidad de colocar a personas de su confianza en puestos clave. Sobre todo al frente de las fuerzas del orden y de la magistratura, y que los nombramientos se decidieran en sedes distintas a las institucionales».

Todas estas declaraciones, que ponen nombre y apellidos a la corrupción de la justicia en Italia, han permanecido en un cajón durante años. Por ello, la fiscalía de Brescia, en Lombardía, ha comenzado a investigar a diversos jueces por ‘omisión de acto de oficio’, al tratar de ocultar toda la red. (En Italia utilizan el término ‘insabbiare’, semejante al ‘enfangar’ castellano).

Mientras tanto, han sido represaliados quienes hicieron públicas las declaraciones de Amara ante el juez, acusados de “revelación de secretos de oficio”. Por el momento, ya se han cobrado la pieza de la secretaria del juez que envió los documentos a varios periodistas tratando de que estas revelaciones salieran a la luz.

Esta nueva polémica en la justicia italiana se suma a la expulsión de la carrera hace dos años, de Luca Palamara, un juez antiguo presidente de la

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Asociación Nacional de la Magistratura. Fue condenado por gestionar los nombramientos de jueces y fiscales en base a criterios de amiguismo e intercambio de favores. Las grabaciones de sus conversaciones privadas con colegas, empresarios y políticos fueron un escándalo nacional que confirmó las sospechas sobre las redes clientelares y masónicas en el ámbito judicial. De hecho, el mismo Palamara ha confirmado que «el sistema está extendido y es aceptado por las diversas corrientes de la magistratura». 

Comparemos el caso Ungheria con lo que está ocurriendo en España. Aunque no podamos afirmar qué logias españolas, han influido en tantas actuaciones desastrosas relacionadas con la Justicia, sí es posible establecer similitud con el caso Ungheria. ¿Habrá algún juez Palamara que “gestione los nombramientos de jueces y fiscales en base a criterios de amiguismo e intercambio de favores? Ha habido muchos dimes y diretes en relación a su nombramiento y a lo actuado por la ex ministra de Justicia, en su nuevo cargo de Fiscal General del Estado porque promociona a la cúpula fiscal a aquellos miembros de la asociación de fiscales a la que ella misma pertenece, frente a la mayoritaria en la carrera. También el caso de la Presidenta de las Cortes a quien algunos también acusan de prevaricar al favorecer a los independentistas. Y, por último, el ministro del Interior, Grande Marlaska, en entredicho por sus arbitrarias actuaciones.

A la espera de conocer al Palamara español, confiamos en que la Verdad se imponga con la valiente declaración de algún abogado converso como Piero Amara que descubra “el insabiare” que nos ahoga.

De momento, no han podido ocultar algunos de los casos más señalados:

*Crear pruebas falsas para enmarañar y retardar el procedimiento (caso de Dina Bousselham y la tarjeta de su móvil por ser un tema relacionado con Pablo Iglesias)

*Destituciones sospechosas de abuso de poder: la de Edmundo Bal por negarse a la presión para que, como abogado del Estado en el juicio a los independentistas, bajara su calificación de rebelión a sedición que conlleva una pena menor. Claro que aún esto debió parecer insuficiente a quien realmente manda y se terminó imponiendo el indulto de los sediciosos.

*Otra situación de claro abuso de poder han sido las siguientes destituciones, todas por haber cumplido con su deber:

−La del Coronel Sánchez Corbí (por defender a la Guardia Civil y sus competencias ante la Policía Nacional)

−La del Coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de .Madrid. La sentencia fue anulada en marzo de 2021 por la Audiencia Nacional, pero por influencia de alguien se retractó cinco meses más tarde y respaldó al ministro Marlaska en dicho cese. Y, en nuevo abuso de poder, se apartó de la consolidada jurisprudencia del TS sobre el deber de motivación de los ceses de funcionarios públicos destinados en puestos de libre designación, ya que considera que la misma no es de aplicación a los guardias civiles. El veto o venganza es tan manifiesto, que, si bien, según el Instituto Armado el coronel reúne todos los méritos exigidos para ser ascendido a general, ese alguien sigue presionando para que le sea denegado.

−La destitución de Paz Esteban como directora del CNI con el objetivo de calmar a los socios de gobierno por las escuchas de Pegasus y así no verse privado de sus votos. Paz Esteban compareció en el Congreso y su intervención, cargada de verdad, desbarató las prisas por desalojarla. Sus explicaciones acreditaron que el espionaje a 18 líderes independentistas había sido bajo autorización judicial. Los servicios secretos actuaron de acuerdo a la legalidad. En el CNI hablan de «frustración» por el señalamiento que se les ha hecho desde el Gobierno insinuando que realizan un trabajo sobre el que no hay control. Apoyan rotundamente a la directora. No sirvió de nada, había que destituir a quien había obrado recta y lealmente. Destruir una carrera para dar satisfacción a quienes se habían rebelado contra la Nación.

Hay más abusos de poder, que dañan la esencia del Estado de Derecho:

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* El abuso del decreto ley por el Gobierno para evitar, también, el control parlamentario;* El fraccionamiento indebido de contratos por las Administraciones públicas para evitar su fiscalización y otorgarlos a personas o empresas «cercanas» (fraude de ley que se repite todos los días. «Razones de urgencia», casi nunca razonadas, han multiplicado durante la pandemia estas adjudicaciones «a dedo»). *Los nombramientos de vocales del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas -el último reparto de cromos que realizaron el defenestrado García Egea, por el PP, y el ministro Bolaños, hace apenas cinco meses-. En esa pelea de egos y situación en los escalones de la pirámide, se debaten ahora por la renovación del CGPJ.

Pero como el mal no se ataja, la doliente España, está cada vez peor al aumentar la gangrena. Es lo que ha ocurrido con el caso gravísimo que demuestra cómo el poder político se mofa del Estado de Derecho sin que por la masa de la sociedad haya recibido el menor reproche: La decisión personal del presidente Sánchez sobre el Sáhara, sin ni siquiera informar a su Gobierno ni al Parlamento, y sin pensar en las graves consecuencias que acarreará al pueblo español. ¿Y por qué? ¿A quién beneficia? A España no, desde luego. A Marruecos sí, por supuesto. Naturalmente se ha apresurado a aumentar unilateralmente sus aguas territoriales incluido el dominio de las montañas conocidas como “las abuelas de Canarias” cargadas de los minerales que tanto se cotizan hoy en día y, al parecer, también hay próxima una bolsa de petróleo. La extensión de las aguas reducen también las posibilidades de pesca a los barcos españoles. Esto sin contar la posición en contra de Argelia que, de momento, se limita a cortarnos el suministro del gas.

Tanto perjuicio causado tan torpemente a toda la sociedad española, obliga a sospechar que, si como afirma el profesor Armando S. Andruet, en situación similar, el parecer viene a gobernar al ser, alguno o algunos se han beneficiado de la inexplicable torpeza.

[1] CEO en RomeReports.com (Italia) y ElDebate.com. Antes: DirCom en CLM, corresponsal en Washington D.C., subdirector del diario QUÉ!, Meta Image, Líder y ABC. Ceo de Rome Reports TV. 01:03:02.

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