Por su interés reproducimos una noticia aparecida en el diario digital de investigación elcierredigital.com
Por María Montero
El abogado Ramiro Grau revela que «Presidencia del Gobierno de Canarias, a través de un comunicado, negó contrataciones millonarias de material sanitario SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L, entidad «afín al ex ministro José Luis Ábalos». Además, confirma que ha aportado ante la Fiscalía Anticorrupción documentación de esta empresa y sus vinculaciones. Por otra parte, el denunciante Juan Manuel Pérez, remitirá a la Fiscalía Europea estas mismas licitaciones por uso de fondos FEDER.
El letrado Ramiro Grau remitió una solicitud ante Presidencia del Gobierno de Canarias en base a la Ley de Transparencia –el 28 de abril de 2021– en la que instaba a responder al presidente regional socialista Ángel Víctor Torres sobre «los pedidos de mascarillas contratados con la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L –entidad mercantil que habría obtenido licitaciones millonarias durante la gestión del ex ministro, José Luis Ábalos–». Además, este letrado insiste en «porqué se adjudicaron contrataciones a esta empresa ajena al sector sanitario, y si hubo quejas o devoluciones de este material anti Covid-19 en el archipiélago canario».
Grau avanza en exclusiva a elcierredigital.com que «tuvo conocimiento de la adjudicación de tres contratos de suministro licitados a esta misma entidad mercantil por una cuantía total de 11,2 millones de euros por parte del ejecutivo regional –a través de informaciones públicas–. Sin embargo, muy al contrario a esta evidencia, en una resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Canarias –emitida el 3 de junio de 2021– el ejecutivo canario negó que hubiese realizado estos pedidos y adquirido mascarillas a SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L».
A raíz de la recepción de este documento –al que ha accedido elcierredigital.com–, este letrado motivó un nuevo escrito ante Presidencia –fechado el 21 de julio de 2021– en el que advertía sobre «esta resolución falsaria y que pudiera ser constitutiva de un delito de falsedad en documentos oficiales, prevista y penada en el Código Penal». En base a esta resolución, Grau pidió nuevamente la información sobre estas licitaciones, pero el presidente Torres no ha contestado hasta la fecha ni ha aportado estos contratos públicos, «por lo que no descartaría tomar medidas respecto a esta falta de información de esta Secretaría General».
Los contratos que negó el Gobierno canario
A través de una consulta realizada al Portal de Transparencia por elcierredigital.com, se han localizado diversos contratos aprobados por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (DGRE), con un coste total de 7.288.332 euros, adjudicados a SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L.
La DGRE –bajo resolución de 10 de abril de 2021– licitó una contratación que se adjudicó a esta entidad mercantil para el transporte, fletes aéreos y seguros de transportes de mascarillas KN95 para el Servicio Canario de Salud (SCS) por 417.814 euros. Igualmente, realizó una contratación directa por emergencia –el 22 de mayo de 2020– para la adquisición de mascarillas FPP2, destinadas a los hospitales del SCS, con un coste de 4.775.500 euros bajo financiación con fondos FEDER, y otro contrato –22 de mayo de 2020– de suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 para el SCS con un valor estimado de 2.095.018 euros.
Adquisición de mascarillas FPP2 por 4.775.500 euros.
Consultado por este medio, el denunciante del caso ‘PCR Canarias’, Juan Manuel Pérez, avanza en exclusiva que «en relación a estas contrataciones públicas por parte del gobierno canario con la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L., al haberse producido con financiación europea FEDER, realizará una ampliación de solicitud de investigación sobre estas contrataciones millonarias ante la Fiscalía Europea«.
De igual forma, la entidad SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L. obtuvo una licitación de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial –el 20 de mayo de 2020– para la adquisición de material de protocolo para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior con motivo del Covid-19, por 3.479.355 euros. Además, esta empresa fue contratada por el Consejo de Administración de ADIF –durante la gestión del exministro José Luis Ábalos–, por un suministro de 5.000.000 de mascarillas FPP2 por 12.500.000 euros y por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado –27 de abril de 2020– para adquirir mascarillas profilácticas por 20.000.000 euros.
El caso llega a la Fiscalía Anticorrupción
En este sentido, Grau confirma a elcierredigital.com que ha aportado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la documentación complementaria de esta empresa y sus vinculaciones, en contestación a un escrito del pasado 22 de abril, en el marco de las Diligencias de Investigación 10/22 a 16/22, abiertas por esta misma fiscalía.
Este abogado ha remitido a Anticorrupción una copia de la certificación registral de la empresa PURDEY INVESTMENT, S.L., propietaria de SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S.L., para acreditar que se encuentra dada de baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda y declarada deudor fallido por la Agencia Tributaria.
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Según el Registro Mercantil, «su capital social es de 8.888 euros –tras un incremento de capital mediante la aportación de un ordenador–, pero con ese capital mínimo consiguieron facturar más de 53 millones de euros mediante la venta de mascarillas, a precios abusivos, a los Ministerios de Transportes, Interior, y los Gobiernos socialistas de Baleares y Canarias», sostiene Grau en su escrito al que ha tenido acceso en exclusiva elcierredigital.com.
Además, Grau ha remitido a la Fiscalía «una copia de la certificación registral de SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S.L., con un capital social de 156.000 euros, pero que arrastraba pérdidas de más de un millón de euros, por lo que estaba incursa en causa legal de extinción de la persona jurídica, salvo una aportación extraordinaria de capital, que no se hizo».
No obstante, también ha enviado «un Informe de Ejecutivo Internacional de DATO CAPITAL sobre José Ángel Escorial Senante, quien figura como propietario, real o aparente, de más de veinte sociedades radicadas en España, Reino Unido, Holanda y Malta, estos dos últimos países auténticos paraísos fiscales», argumenta Grau, que a su vez ha incluido «un escrito del Portal de Transparencia informando sobre la compra de 5.000.000 de mascarillas por ADIF, en cumplimiento de la Orden Ministerial del exministro José Luis Ábalos«.
Adquisición de material de protocolo a través de una empresa contratada por el Consejo de Administración de ADIF.
«Como la “empresa no tenía dónde caerse muerta, se avaló el 50% del importe del contrato, 6.500.000 euros, sin garantía alguna, pues habría que recordar que estamos hablando de una empresa que registraba pérdidas superiores al millón de euros y con un capital de solo 156.000 euros».
Grau ha incluido, en base al Portal de Transparencia, información sobre «la compra de 8.000.000 millones de mascarillas por Puertos del Estado, S.A. por orden del exministro Ábalos. El oficio es de fecha 28 de septiembre de 2020, es decir, ha pasado más de medio año desde que apareció la pandemia, a primeros de marzo de 2020, pese a lo cual se dice que la mitad del pedido, 4.003.400 mascarillas están guardadas en el Ministerio, ergo resulta obvio que no hacía falta comprar tantas», sostiene ante la Fiscalía.
«Asimismo se dice que se recibieron quejas sobre la calidad de las mascarillas por parte de SASEMAR, siendo objeto de reposición por parte de SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S.L. un total de 7.600 mascarillas. Y por otra parte, sobre los 2.000.000 de mascarillas destinadas a Correos se publicó en los medios de comunicación que eran de muy baja calidad, y que varios carteros se habían contagiado, y muerto, por ser mascarillas que no protegían nada».
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