En España hay una perversa doctrina política según la cual hay víctimas de primera o segunda clase en función del sexo de la víctima y de la persona agresora.

La víctima fue asesinada con cinco puñaladas

Un ejemplo de ello lo tuvimos ayer. En Madrid, una mujer de 31 años fue asesinada por su pareja de 37. La víctima recibió cinco puñaladas en el abdomen y el tórax. El cuerpo de la asesinada fue descubierto un poco antes de las cinco de la tarde en el mismo piso en el que también se encontraba su pareja, que ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta responsable del homicidio.

Silencio oficial ante el crimen porque la asesina es otra mujer

Es muy habitual que en casos así haya mensajes de duelo de instituciones oficiales e incluso del presidente del gobierno. No ha sido el caso. Ninguna institución oficial ha publicado un mensaje de duelo por este crimen, simplemente porque la presunta asesina es la novia de la víctima. Si ésta hubiese sido asesinada por un hombre, ya habría visto a instituciones y miembros del gobierno lamentando un nuevo caso de “violencia de género”, pero como el crimen ha tenido en el seno de una pareja homosexual, se dicta el más rotundo silencio oficial, como si la vida de una lesbiana asesinada por su pareja no valiese lo mismo que la vida de una mujer heterosexual asesinada por su pareja.

Un trato discriminatorio que tiene su origen en una ley socialista

En una sociedad democrática, y teniendo en cuenta que la Constitución Española afirma en su Artículo 14 que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, todos los asesinatos en el seno de la pareja deberían ser tratados por igual, ya que toda vida humana tiene el mismo valor, sea cual sea el sexo de la víctima y de la persona que ha cometido el crimen. Si no es así es porque en España la doctrina política imperante establece que sólo importan los casos de la llamada “violencia de género”, es decir, aquellos en los que un hombre mata a una mujer. Cualquier otra combinación te convierte en víctima de segunda clase.

Esta discriminación tiene su origen en la Ley de Violencia de Género de 2004, promovida por el PSOE y que el PP dejó intacta. Esa ley define esa “violencia de género” como “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres“. Es más: el Artículo 1 de esa ley prejuzga todo crimen cometido por un hombre contra una mujer en el seno de la pareja como una “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. La llamada “violencia de género” ha establecido una excepción ideológica en las leyes españolas, que implica prejuzgar el móvil de un crimen por el sexo de su autor.

¿Qué pasaría si se impusiese una discriminación así por origen?

Para que nos hagamos una idea de lo absurda que es esa doctrina política, es como si se crease un delito de “violencia de origen” que considerase un agravante el hecho de ser vasco a la hora de cometer un crimen, simplemente porque ha habido un grupo terrorista vasco (ETA) que durante décadas ha asesinado a más de 800 españoles por fines políticos. Imaginad que sólo hubiese minutos de silencio y mensajes de duelo oficial si el autor de un asesinato fuese vasco y la persona asesinada fuese de cualquier otra parte de España. Muchos interpretarían, con razón, que estaríamos ante una clara discriminación.

Sin embargo, sólo un partido político, Vox, denuncia la injusticia que supone considerar un agravante haber nacido con el sexo masculino, algo que discrimina a la mitad de la población española. Todos los demás partidos lo consideran algo normal e incluso lo defienden apelando a la “igualdad”, lo cual ya es el colmo. ¿Cómo hemos dejado que nos impongan esta sinrazón?

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