Eugenio Trujillo Villegas – Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Aún no se ha posesionado el presidente Petro, pero sus decisiones despiertan temor. Ha nombrado a Iván Velásquez como ministro de Defensa, quien fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre 2006 y 2012, cargo en el que sobresalió por ser un encarnizado enemigo y perseguidor de la Policía y del Ejército.

Entre 2013 y 2019 presidió la llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y allá organizó una burda persecución contra empresarios y políticos, al tiempo que favoreció la impunidad de la izquierda subversiva, por lo que fue destituido y expulsado de ese país por el presidente Jimmy Morales.   

Otro nombramiento que produce perplejidad es el del indígena Giovany Yule en la Agencia Nacional de Restitución de Tierras. Es el promotor de las invasiones en el Cauca y en el Valle del Cauca y fue el organizador de la destrucción de Cali durante el paro terrorista del año pasado. Bajo su mando, los indígenas y los guerrilleros saquearon, incendiaron y arruinaron empresas, bloquearon las carreteras por casi dos meses, tratando de derrocar al presidente Duque.

Igualmente, se ha desatado en los últimos días una ola de invasiones de tierras altamente productivas en caña de azúcar, que llegan a las mil hectáreas en lo corrido de este año, anunciando lo que será el destino del sector agropecuario. Los afectados son los complejos agroindustriales de los Ingenios del Cauca y La Cabaña, que están ubicados a media hora al sur de Cali.

La respuesta del presidente electo es que se debe comenzar un diálogo entre los propietarios y los invasores. Y Asocaña, el gremio que agrupa a la agroindustria del azúcar, respondió que ellos ya están dispuestos a dialogar, a pesar de que lo que quieren los indígenas es apropiarse de las 240.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar. En realidad, su meta final es la llamada “recuperación” de todas las tierras cultivadas en el sur-occidente de Colombia.     

Eso explica por qué Petro firmó un documento en una notaría en el cual se comprometía a no expropiar predios rurales cuando fuera presidente. Es que el objetivo de este gobierno no va a ser expropiar, sino invadir, pues de esta forma ni siquiera habrá que pagar indemnización a los propietarios.

El “diálogo” es una estrategia para la capitulación   

¡Que el país no se engañe, pues este “diálogo” no tiene ningún sentido! Es sencillamente una sentencia de muerte contra el sector empresarial, pues los indígenas afirman que las tierras les pertenecen, que las van a “recuperar” por medio de invasiones y de actos de terror, como lo han venido haciendo desde hace 30 años.

Las consecuencias son evidentes, pues cualquier predio invadido por indígenas jamás es recuperado. El Estado de Derecho sucumbe ante sus pretensiones, que ya arruinaron la producción agropecuaria del Cauca y ahora van por la del Valle del Cauca, donde está ubicado el mayor complejo agroindustrial de Colombia.

Con argumentos falsos, como que las tierras están mal explotadas, que no cumplen una función social, que antes de la Conquista pertenecían a los indígenas, ahora se las quieren arrebatar por la fuerza a sus legítimos propietarios, que lleven décadas produciendo riqueza y prosperidad para la región. Pero nadie habla de expropiar las tierras de los resguardos indígenas que solo en el Cauca suman 1.300.000 hectáreas, en las cuales no se cultiva nada, ni se genera ningún empleo legítimo. Lo que hay allí son cultivos ilegales de coca, laboratorios para procesarla y cambuches de las organizaciones terroristas que se dedican a actividades criminales.

Acontece que el concepto “talismánico” del “diálogo”, usado por Santos en el proceso de paz con las FARC, y repetido por toda la izquierda marxista en el mundo, en realidad es un arma de conquista revolucionaria. A través de ese falso “diálogo” el marxismo demuele a los adversarios, rumbo a la toma del poder, lo cual es exactamente lo que está sucediendo en Colombia.

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Lo demuestra magistralmente el prof. Plinio Correa de Oliveira en su libro Transbordo ideológico inadvertido y Diálogo, que hoy es más actual que nunca, y que explica de qué manera ese concepto tergiversado de “diálogo” ha conducido a Occidente a la capitulación frente a todos sus adversarios.  

Es una gran equivocación establecer un “diálogo” con quienes invaden e incendian las tierras productivas del Valle y del Cauca, y además asesinan, secuestran y aterrorizan a sus propietarios y trabajadores para conseguir los objetivos que se proponen.

Las invasiones destruyen al sector agropecuario  

El problema consiste en saber si el nuevo gobierno respetará la propiedad privada, si va a garantizar los derechos constitucionales del sector agropecuario, o si lo que se pretende es su demolición. Si esto acontece, provocará una hambruna generalizada, pues acabará con la producción nacional de alimentos, que en el mundo están cada vez más caros y escasos por causa de la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia y la crisis mundial.      

El Acuerdo de paz firmado entre Santos y las FARC abrió las puertas a esta debacle. Si el País se sumerge en un “diálogo” sobre el derecho de propiedad de las tierras que están siendo invadidas por el movimiento indigenista, los propietarios perderán la batalla.

Así pues, llegó la hora de hacer algo serio para defender a Colombia. Y no basta con decir lo que pensamos en las redes sociales, sino también de articular una gran coalición nacional que defienda a Colombia de las amenazas dictatoriales que se asoman en el horizonte. 

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