Los diferentes gobiernos mundiales continuamente nos hablan de los grupos de desinformación, nos dicen que diferentes científicos, asociaciones, y algunos periodistas aprovecharon la crisis del COVID para desinformar y crear falsas alertas sanitarias, sin embargo esos mismos gobiernos y administraciones no están colaborando en nada para esclarecer las numerosas dudas que han surgido sobre la seguridad de la vacunación COVID. Esta falta de colaboración es aún más preocupante si tenemos en consideración que en lo s últimos meses se está produciendo un significativo aumento de la mortalidad en Europa sin que las administraciones europeas se hayan preocupado de justificar dicho aumento, ma allá de achacarlo a la «ola de calor».

El Gobierno Español en su propia campaña de desinformación ha dado una vuelta de tuerca al desobedecer al Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, el cual en un auto del pasado 28 de julio solicitó al Ministerio de Sanidad los contratos firmados con  las farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen. Según la Asociación Liberum responsable de las actuaciones judiciales, transcurrido el plazo para aportar la documentación requerida por el Tribunal tanto el Ministerio de Sanidad, como la Agencia Española del Medicamento se han negado a aportar dicha información al considerar que los contratos son confidenciales.

Una vez precluido el plazo de presentación otorgado al Tribunal Superior de Justicia solo le quedan dos posibilidades. La primera es volver a requerir a la administración la aportación de dichos contratos con apercibimiento de imponer sanciones en el caso de no aportarse. La segunda posibilidad es dictar un mandamiento judicial para que la Guardia Civil registre el Ministerio y se haga con dichos contratos.

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