José Antonio Bielsa Arbiol

Entrevistamos al escritor, abogado, fiscal, juez y profesor de Derecho civil, penal y laboral, don Ramiro Grau Morancho, una de las voces más rompedoras y audaces de la jurisprudencia de nuestro tiempo: un hombre íntegro a la búsqueda de la Verdad y la Justicia. En esta entrega nos esclarecerá sobre el complicado galimatías del garantismo jurídico. A esta figura de nuestro tiempo dedicamos un libro: CONTRA EL RÉGIMEN DEL 78.

–Don Ramiro, en calidad de jurista y estudioso de la Ley, ¿cómo les explicaría sucintamente a los lectores qué significa, y supone, el denominado “garantismo jurídico” en el contexto del Derecho de nuestro tiempo, nacional e internacional?

–El garantismo jurídico es la salvaguarda de los derechos de la persona que está detenida o en prisión provisional, o que todavía no ha sido condenada en firme, en el sentido de que tiene derecho –en el caso español–, a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo, a un abogado defensor, de su libre elección o nombrado de oficio, si no tiene medios económicos para pagarle, etc. 

También el derecho a un traductor, si habla otro idioma, a ser reconocido por el médico forense, para que pueda acreditar si ha sufrido algún tipo de agresión posterior a su detención, interrogatorios, ingreso en calabozos, etc.

En realidad en España el delincuente tiene más derechos que la víctima.

–¿Qué opinión le merece la contribución de Luigi Ferrajoli? ¿Sospecha de la presencia de alguna mano oculta direccional, institucional o multilateral, tras de la obra teórica de este autor tan controversial?

–Es un gran autor, posiblemente uno de los mejores o mayores expertos en la materia. Yo le estudié en quinto de Derecho, en un seminario optativo sobre el tema, dirigido por el catedrático de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Recuerdo que era espeso, difícil de leer y entender, pero con una carga filosófica profunda.

De cualquier forma, sigo pensando que el problema de los juristas teóricos, profesores, catedráticos, la mayoría de los magistrados del tribunal constitucional español, pasados y presentes –posiblemente también los futuros–, es que nunca han visto a un asesino o a un violador de cerca, y siguen pensando con Rousseau que toda persona es buena y es la sociedad la que la hace mala, cuando está demostrado científicamente que hay un pequeño porcentaje, que algunos autores sitúan en el dos por ciento, de personas intrínsecamente malas, por las razones que fueren… 

No sabría decir si hay alguna mano oculta tras este autor, aunque yo diría que una filosofía o pensamiento de tipo comunista e igualitario, muy peligroso, que tiende a condenar más en función de la persona del autor, que de los hechos cometidos, atendiendo a su extracción social, estudios o trabajos que realiza, etc. En otras palabras, un derecho penal de autor.

–La separación entre Derecho y Moral ha traído consigo sentencias judiciales escandalosamente injustas. Mientras que en España la liquidación de una vida humana en el seno materno tiene el beneplácito del Sistema, un despistado que arroja una nevera vieja al monte puede acabar condenado a varios años de prisión sin fianza… Se diría que este Derecho subjetivo está anunciando la muerte del Derecho, ¿es así?

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–Desgraciadamente, creo que es así. El derecho natural es, o debería ser, la base del ordenamiento jurídico. Hoy en día los políticos han criminalizado solamente aquello que les interesa, de forma que como muy bien dices, un aborto, es decir el asesinato de una vida humana, totalmente inocente, con la complicidad de su madre, que es la persona que tiene una posición de guarda y garante de esa nueva vida, prácticamente está despenalizado, mientras que si un día le das una patada a un perro que te acaba de morder en la pierna, puedes acabar en la cárcel, sobre todo si caes en manos de un juez progresista, amigo de los animales, etc.

Por otra parte el derecho administrativo establece grandes sanciones, muchas veces superiores a las que se imponen por el derecho penal, y con una total falta de baratías jurídicas, pues no es lo mismo un juez de carrera que un funcionario instructor de un expediente disciplinario, que aquí te pilla, aquí te jode, hablando claramente…

–Háblenos un poco de esa extraña “deconstrucción” basada en las múltiples separaciones (no sólo entre Derecho y Moral, sino entre delito y pecado, entre validez y justicia, etc.) y sus relaciones con el Derecho penal mínimo.  

–En realidad hay una separación total entre Iglesia y Estado y ello supone que hechos que para la Iglesia son pecado, por ejemplo mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, para el Estado no suponen problema alguno.

También hay una gran diferencia entre el Derecho y la Justicia. Los abogados, por ejemplo, no buscamos la Justicia, en términos generales, sino solamente una aplicación del Derecho vigente lo más favorable posible para nuestros clientes… (Algunos compañeros me van a matar, pero creo que es así).

Posiblemente la única persona que busca la Justicia es el Juez, no el fiscal, que actúa a instancia de parte, pues al fin y al cabo la fiscalía tiene autonomía, pero no deja de estar subordinado jerárquicamente al gobierno de turno, y sobre la actuación de la Abogacía del Estado, vistas sus últimas “deposiciones”, creo que no hace falta añadir nada más…

Lo que no podemos hacer, y es lo que está sucediendo, por desgracia para todos, es que los políticos en el poder utilicen el derecho penal para reprimir y criminalizar a sus adversarios, y así sucede con los famosos “delitos de odio”, cuya regulación es muy contradictoria, y sujeta a toda clase de interpretaciones posibles.

–Usted es autor de un libro elocuentemente titulado Justicia injusta. ¿Cuáles son sus tesis en esta obra?

–Pues que en España no existe realmente una administración de justicia justa, y ello por numerosas razones, que sería prolijo explicar. Ten en cuenta que el libro tiene un centenar de artículos, creo recordar, y cada uno de ellos explica algún motivo para entender que en España no hay una auténtica justicia. Para empezar, y es el más importante, realmente no tenemos un sistema de separación de poderes, y si eso falla, pues falla todo lo demás.

–Por lo visto, y simplificando mucho, se podría decir que el garantismo jurídico prioriza y antepone los intereses del victimario a los de la víctima. ¿Qué se pretende realmente con todo esto? 

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–Pues quebrar el Derecho, hacerlo ineficaz, inútil, de forma que al final los ciudadanos no acuden a la policía a denunciar los delitos, o a los juzgados a ratificar las denuncias, declarar como testigos en los juicios, etc., entre otras razones porque los delincuentes cada día están más “crecidos”, y muchas veces acaban amenazando a sus propias víctimas. Y esto es muy peligroso, pues las personas que tienen medios económicos, etc., acaban buscando la “justicia” al margen de la Ley, y eso no es justicia, sino venganza.

–¿Qué opinión le merecen los “tribunales populares”?

–En la guerra civil española, las izquierdas “juzgaban” mediante tribunales populares, y todos conocemos los resultados. El bando nacional, en cambio, juzgó mediante tribunales con jueces profesionales, o tribunales militares, en su caso, pero siempre con la presencia de un abogado defensor, o un oficial del ejército que asumía la defensa de los acusados. Debido a la falta de medios, el carácter sumario de muchos de esos juicios, etc., posiblemente se cometieron bastantes errores, por ambos bandos, pero más por el izquierdista, pues poner a juzgar al carnicero de la esquina, al sastre o al portero del inmueble, con todo mi respeto hacia sus muy dignos trabajos, por supuesto, no deja de ser una aberración jurídica.

Y si la pregunta se refiere a la institución del Jurado Popular, tengo una posición muy crítica hacia él, como he escrito y publicado en un par de artículos, que las personas interesadas pueden localizar rápidamente en Internet.

–¿Qué pueden temer los castigados españoles del actual sistema judicial si éste se cruzara en su camino?

–Yo creo que nadie teme al sistema judicial español, y la prueba evidente es que nuestra Patria se está llenando de delincuentes extranjeros, que saben que aquí si son cogidos in fraganti, “disfrutarán” de buenos abogados de oficio, de intérpretes, también pagados con nuestro dinero, de unos policías y guardias civiles que no les maltratarán ni agredieran, salvo casos de legítima defensa, y, por último, y en el peor de los casos, de unas prisiones que de tales solo tienen el nombre, pues muchas son auténticos hoteles de tres estrellas, con su gimnasio, enfermería, biblioteca,  muchas con piscinas, etc.

España es, hoy por hoy, el “Paraíso” de la delincuencia, nacional e internacional, produciéndose un efecto llamada.

Y solo un recordatorio económico, en estos tiempos de estrecheces y penurias económicas: cada interno nos cuesta a todos los españoles dos mil euros al mes…

Para una mayor profundización en estos arcanos jurídicos, remitimos a nuestro libro:

José Antonio Bielsa Arbiol: Contra el Régimen del 78: Obra y pensamiento de Ramiro Grau Morancho (Grau Editores, 2021)

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