Eugenio Trujillo Villegas – Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción

El Gobierno y Fedegán (Federación Nacional de Ganaderos) acaban de anunciar un incomprensible acuerdo en el cual los ganaderos le venderán al gobierno tres millones de hectáreas, para que en ellas se adelante el programa de Reforma Agraria contemplado en el Acuerdo de paz con las FARC.

¿Cómo explicar un hecho tan absurdo? Los propietarios rurales siempre han defendido sus tierras a capa y espada, enfrentando la guerrilla, el terrorismo, el narcotráfico, los invasores y a cuantos malandrines hay en este País. ¡Pero resulta que ahora se las quieren vender al gobierno! Esto, que parece inverosímil, exige una explicación.  

Causas remotas de esta catástrofe

Haré el análisis en varias etapas, pues como es natural, un acontecimiento de tanta trascendencia no acontece de la noche a la mañana.

Primero: En el 2016 se firmó el Acuerdo de paz entre Santos y las FARC, en el cual quedó establecido que el Gobierno haría una “Reforma Rural Integral”, inicialmente sobre tres millones de hectáreas, pero con el tiempo debería llegar a diez millones de hectáreas. En la época, Tradición y Acción alertó a Colombia sobre ese punto infame del Acuerdo, pero los dirigentes agropecuarios respondieron despreocupadamente que eso sería letra muerta por siempre y que nunca iba a pasar. Expropiar 3 millones de hectáreas productivas, tal como está escrito en el Acuerdo con las FARC, es desmantelar la producción agropecuaria de Colombia.

Segundo: El Acuerdo se sometió a un Plebiscito que ganó el No, pero el resultado se lo robaron entre el expresidente Santos, el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Y lo que fue rechazado por el pueblo colombiano, terminó siendo incorporado a la Constitución en forma fraudulenta, ilegal e inconstitucional.  

Tercero: El gobierno de Iván Duque, que sucedió a Santos, implementó a rajatabla todos los puntos del Acuerdo, aunque él mismo prometió derogarlo mientras era candidato presidencial. Eso pavimentó el camino para el triunfo de Petro.

Cuarto: Duque fue sucedido por Petro, lo cual parecía impensable. Y cuando el candidato marxista llegó a la presidencia comenzó a imponerle al País todas sus propuestas marxistas. Esto ha provocado un verdadero pánico económico, pues todas las actividades empresariales de Colombia están paralizadas.  

Quinto: Desde mucho antes de su posesión como presidente, Petro ha auspiciado las invasiones de tierras y los conflictos con los indígenas. Esto disparó las invasiones, que ahora suman centenas y se extendieron a casi todos los departamentos. Los invasores exigen que esos predios sean entregados a los indígenas, a los campesinos, a los guerrilleros y a los agitadores.  

Sexto: Las invasiones de tierras son de tal magnitud, que para los propietarios rurales ahora resulta mejor negocio venderlas al Estado a cualquier precio, que iniciar interminables procesos judiciales para defenderlas de los invasores, que evidentemente están protegidos por el Gobierno. Además, los impuestos prediales aumentarán en tal forma que serán impagables, contribuyendo a forzar a los propietarios a vender al Estado. Así, en tan solo dos meses se derrumbó la confianza en el Estado de Derecho y en la legitimidad de la propiedad privada.

Séptimo: Sin expedir ningún decreto de expropiación, los propietarios acuden al gobierno para venderle sus tierras, por las cuales lucharon durante décadas, con lo cual se ejecutaría una Reforma Agraria a la inversa. El Estado no expropia, pero los propietarios ofrecen “voluntariamente” al Estado 3 millones de hectáreas para que se las paguen por mucho menos de lo que valen, con bonos del Estado, a 10 o 15 años de plazo. Se creó una situación artificial e inducida en la cual es mejor negocio vender al Estado, que esperar a que lo invadan para que la pérdida sea total.

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Octavo: Se ha creado un proceso inédito en el mundo, que es la radiografía de la demolición de Colombia. Se dan las condiciones psicológicas, jurídicas y empresariales, para que quienes han construido a Colombia por décadas, ahora acudan a una ventanilla siniestra de la Agencia Nacional de Tierras y le ofrezcan en venta al gobierno sus tierras productivas.

Noveno: Como no podría faltar en este proceso de auto-demolición de Colombia, todas las maquinarias de la corrupción política están siendo activadas. Ahora viene la puja para avaluar los predios a mejores precios, que se paguen lo más pronto posible y que sean escogidos entre los primeros a ser negociados antes que se acabe el dinero. Y en cada uno de estos eslabones de corrupción habrá un soborno a pagar.

Comenzó la imposición de la miseria

¡Lo impensable se hizo realidad! Ha comenzado la imposición de la miseria marxista y para ello se emplearán todas las formas posibles de coacción. Se inicia con el sector agropecuario, pero inmediatamente después seguirá con la industria, el comercio y la banca. El ordenamiento jurídico de la nación comenzó a desaparecer, y en consecuencia, la criminalidad comenzará a gobernar, mientras que los ciudadanos honestos van a ser desplazados de todas las actividades legítimas.

Comenzarán a desaparecer las inversiones agropecuarias, comerciales e industriales, trayendo como consecuencia inevitable el desempleo y el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Y si a esto se le suma la crisis mundial de producción de alimentos por la guerra de Ucrania, y las dificultades logísticas surgidas por la pandemia, lo que se está gestando en Colombia es poco más o menos que una guerra civil, en medio de una acción demoledora del Estado para acabar con la propiedad privada, la libre iniciativa y los derechos legítimos de los ciudadanos.

La disyuntiva de Colombia: ¿entregarse o resistir?

Los ganaderos y agricultores no deberían capitular y vender sus tierras. Más bien deberían defenderlas de la arremetida socialista, hacer valer sus derechos y defender la Patria. Siempre será mejor luchar con honor por la defensa del País, que capitular ante la demagogia mentirosa del Gobierno. Si se entregan, después el Gobierno hará lo mismo con la industria y el comercio, y entonces tendremos el ejemplo vivo del estado marxista, dueño de todo, con una población miserable que renunció a la libertad, al progreso y a la dignidad.   

Sobra decir que en ningún lugar del mundo la reforma agraria socialista y confiscatoria aumentó la producción agropecuaria, o mejoró las condiciones de vida de los campesinos. Ninguna tierra repartida por los programas de Reforma Agraria es productiva, porque los demagogos que promueven este adefesio desconocen los elementos indispensables que permiten la producción agropecuaria. Y el primero de ellos es el respeto a la propiedad privada.

Además de la tierra, para producir alimentos se necesita tener riego, maquinaria agrícola, fertilizantes, fungicidas, financiación, vías adecuadas y comercialización nacional e internacional. Además, hay incontables contingencias adversas que un agricultor debe enfrentar y resolver con el criterio de un gerente eficiente. Sobre todo, se debe tener vocación para ser agricultor o ganadero, que no se adquiere con arengas marxistas, ni entregando tierras a quienes no tienen la menor idea de lo que se puede hacer con ellas.      

¿Alguien del Gobierno habrá pensado en destinar a este programa las 250.000 hectáreas sembradas en coca? ¿Y otras 250.000 que han sido confiscadas a los narcos, que ahora son del Gobierno y están abandonadas? Allí hay por lo menos 500.000 hectáreas si es que de verdad se quiere comenzar una transformación agropecuaria que favorezca a los campesinos y que genere empleos legítimos. ¡Y ni siquiera es necesario comprarlas!

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¡Lo que está haciendo el Gobierno es destruir en semanas lo que se ha construido en décadas!

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