Por Rebecca Oas, Ph.D.
(C-Fam) La agencia de ONU Mujeres publicó recientemente un informe denunciando las restricciones legales al aborto como un obstáculo para lograr los Objetivos de Desarollo Sostenible (SDGs). Esta semana, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU publicó una afirmación declarando que el “aborto seguro” sea un derecho.
En ambos casos, los burócratas de la ONU y los expertos han ignorado e incluso contradicho los resultados acordados de las negociaciones entre los países miembros de la ONU, quienes nunca han acordado un derecho a abortar.
Los SDGs, el documento rector del sistema de la ONU, fueron el producto de meses de meticulosas negociaciones, incluyendo la involucración directa de jefes de estado. En el texto final, las referencias a “salud sexual y reproductiva” y “derechos reproductivos” fueron aceptados definidos explícitamente como no inclusivos de un derecho al aborto. Lo que es más, las leyes respecto al aborto se dejaron por determinar al nivel nacional.
Uno de los copresidentes del grupo de trabajo supervisando las negociaciones de SDG fue Csaba Kőrösi, un diplomático húngaro quien está actualmente sirviendo como el presidente de la Asamblea General de la ONU. Queda por ver si plantea lo que ahora es una contradicción flagrante entre las declaraciones de ONU Mujeres y los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
El lenguaje de “salud reproductiva” estuvo entre lo último acordado durante la maratoniana sesión final de las negociaciones, la cual se extendió a lo largo de la noche y la tarde del día siguiente.
Desde 2019, ONU Mujeres ha publicado una “instantánea de género” siguiendo el progreso del logro de los objetivos SDG relacionados con mujeres y muchachas. La nueva publicación se refiere a “sorprendentes carencias” en el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, incluyendo “restricciones legales, incluyendo la criminalización del aborto”.
Las ”instantáneas de género” previas se han enfocado en otros aspectos de la salud, incluyendo las tasas de mortalidad maternas, la presencia de personal cualificado durante el nacimiento y el acceso a la planificación familiar, los cuales son consistentes con los objetivos acordados y los indicadores oficiales de los SDGs. El aborto, y específicamente su estatus legal, caen fuera de ámbito de los SDGs, como se negoció por los Estados Miembros de la ONU.
También cae fuera del mandato de los expertos en derechos humanos de la ONU y comités, y los tratados de derechos humanos cuyos textos fueron también el resultado de largas y detalladas negociaciones por gobiernos nacionales. No obstante, un grupo de encargados de derechos humanos de la ONU emitieron una declaración esta semana commemorando el Día Mundial de la Contracepción y el Día Internacional del Aborto Seguro, conmemorados el 26 y 28 de Septiembre, respectivamente.
La declaración comienza refiriéndose a los “reveses al derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el derecho a un aborto seguro”. También cita a la Organización Mundial de la Salud en referencia a las muertes debidas al aborto “inseguro” como “causadas por el fallo en proporcionar aborto seguro”.
Este supuesto de que el aborto es inevitable y puede solamente ser “seguro” o “inseguro” contradice el acuerdo en ICPD, el cual afirma que a las mujeres se les deben proporcionar alternativas al aborto.
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La declaración de los expertos avanza más allá en asuntos que han fracasado repetidamente en ser acordados por consenso insistiendo en que las “estrategias de salud sexual y reproductiva” sean adaptadas a las necesidades de “mujeres lesbianas y bisexuales, hombres trans, y todo género diverso de personas para quienes son relevantes”.
Queda por ver si la Asamblea General—y su presidente—tomarán acción para clarificar el estado del consenso internacional sobre estos controvertidos asuntos e intenten crear alguna responsabilidad para los expertos y burócratas que exceden sus mandatos.
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