Desde luego, no va a ser nada fácil luchar contra una ley tan totalitaria como la de Memoria Democrática (que tendrá hasta Fiscalía propia) recién aprobada por el Gobierno socio-podemita .
Máxime cuando desde que el nefasto José Luis Rodríguez Zapatero (buscando votos entre sus resentidas y sectarias huestes) reabriese hace años unas heridas que estaban ya prácticamente cicatrizadas aquí, el número de «momios» levantados a su rebufo resulta ya harto elevado.
Sin embargo, nuestra obligación de defender la verdad nos obliga a dar la batalla contra semejante engendro legal; una batalla que -a nivel académico- ha de girar en torno a dos ejes muy bien definidos.
En primer lugar, hacer especial hincapié en el período que va del 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1939, a la sazón cuando nació, discurrió y se finiquitó la hoy loada hasta el ditirambo Segunda República, arteramente obviado por los «nuevos Torquemadas» por la razón que el mismo de democrático tuvo poco, por no decir nada.
En ese sentido, será necesario poner toda la carne en el asador en explicar -de manera seria, concienzuda, machacona si hace falta: pues, al contrario que los «relatos» y los «constructos», los documentos no mienten- las muchas tropelías y arbitrariedades cometidas entonces.
Porque, a la postre, el estallido de la Guerra Civil en el mes de julio de 1936 (fecha en que los nuevos funcionarios del Ministerio de la Verdad han establecido como el «Año 0» para su labor talibanesco-censora) resulta absolutamente incomprensible si se ignora lo ocurrido antes bajo aquel régimen fallido.
En segundo lugar, poner el foco en los aproximadamente 55.000 asesinados en la retaguardia frentepopulista durante la Guerra Civil, los cuáles (al menos de momento: en un futuro veremos…) no pueden prohibir que se diga que lo fueron por los matarifes socialistas, anarquistas o comunistas.
También en los asesinados desde la Postguerra hasta 1983 -momento en que merced a esta inocua Ley finaliza el escrutinio memorialista- por los maquis, etarras y otros grupos subversivos a los que se pretende blanquear su trayectoria criminal y/o terrorista.
Esta cuestión es más importante de lo que se cree. Porque la memoria y la historia no son «armas» obsoletas, sino cargadas de futuro, de ahí que los poderes fácticos las quieran regular y dominar a su antojo. No permitamos, pues, que nos roben ambas.
Ricardo Herreras
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