Stefano Gennarini, J.D.
(C-Fam) En un momento público pero desprevenido el viernes en la ONU, el embajador de EE. UU., Jeffrey DeLaurentis, se acercó sigilosamente al cabildo del aborto y LGBT sentados en la tribuna de la ONU y les dijo que el documento que estaba a punto de ser aprobado por la Asamblea General se sumaría a un “derecho internacional consuetudinario” al aborto, la homosexualidad y el transexualismo.
Luego subió al podio ante los Estados miembros de la ONU reunidos y dijo lo contrario. Dijo que la resolución en discusión no tenía implicaciones legales.
Así es la frecuente falta de honestidad en el debate de la ONU, especialmente entre las poderosas potencias occidentales que buscan promover políticas sociales radicales y, por lo tanto, tratan de engañar a los Estados miembros de la ONU más conservadores.
El documento en discusión fue la primera resolución independiente sobre justicia para supervivientes de violencia sexual que también incluyó un lenguaje que promueve el aborto como un derecho humano y utiliza términos utilizados por las agencias de la ONU para promover la homosexualidad y el transgenero.
“Al copatrocinar esta resolución, Estados Unidos no reconoce ningún cambio en el estado actual del derecho internacional convencional o consuetudinario”, dijo DeLaurentis en el comunicado oficial del Gobierno estadounidense durante el debate sobre la resolución. Se mostró enfático y sin ambigüedades.
Uno se pregunta si DeLaurentis estaba mintiendo a sus amigos proabortistas en la galería o a los Estados miembros de la ONU.
Continuó; “La resolución no crea derechos u obligaciones en virtud del derecho internacional, ni la interpretamos en el sentido de que los estados deban adherirse o implementar obligaciones en virtud de instrumentos internacionales de los que no son parte”, haciéndose eco de la posición de larga data del gobierno de EE. UU. en las reuniones de la ONU.
Los comentarios de DeLaurentis en la galería de la Asamblea General reflejan la teoría legal seguida por la mayoría de los países occidentales según la cual los acuerdos anteriores de la ONU con términos ambiguos relacionados con políticas sociales controvertidas pueden volverse vinculantes con el tiempo. Según esta teoría, las resoluciones de la ONU se vuelven vinculantes como derecho internacional consuetudinario cuando la Asamblea General las adopta repetidamente por consenso, es decir, por unanimidad y sin votación. Es esta opinión la que prevalece en la práctica en las Naciones Unidas, a pesar de la posición oficial de los Estados Unidos.
Los diplomáticos y funcionarios de los países occidentales a menudo engañan acerca de si las resoluciones de la ONU son vinculantes, sobre todo cuando intentan forzar la aceptación del aborto, la homosexualidad y las cuestiones transgénero.
Los diplomáticos occidentales a menudo dicen que las resoluciones de la ONU “no son vinculantes” para los diplomáticos de las sociedades tradicionales que se oponen a los elementos controvertidos de las políticas de la ONU. De este modo, disipan sus preocupaciones acerca de aceptar un lenguaje que no sería aprobado en sus países. Los mismos diplomáticos dan la vuelta e insisten en que las frases y oraciones adoptadas en las resoluciones de la ONU se consideran “lenguaje acordado” y se graban en piedra para anular cualquier objeción que se haga en el futuro. Lo hacen precisamente para consagrar los acuerdos como parte del derecho internacional consuetudinario.
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Estas tácticas son un esfuerzo por eludir los debates de política nacional y cualquier responsabilidad política. Se utilizan para promover nociones que son políticamente impopulares en la mayor parte del mundo, incluso en muchos países occidentales.
El acalorado debate sobre la resolución sobre el acceso a la justicia para supervivientes de violencia sexual, que tuvo lugar en la Asamblea General el viernes pasado y el miércoles de esta semana, subrayó la gran confusion que genera establecer las implicaciones legales de las resoluciones de la Asamblea General supuestamente no vinculantes y ademas, la polémica internacional en torno al aborto, la homosexualidad y las cuestiones transgénero.
El debate no fue solo sobre si el aborto o las cuestiones homosexuales y transgénero son de hecho derechos humanos, sino también sobre si los acuerdos supuestamente no vinculantes con términos ambiguos relacionados con políticas sociales controvertidas pueden volverse vinculantes con el tiempo.
Los intensos intercambios en la Asamblea General en el transcurso de esta semana y la última recordaron a los países occidentales que, si bien a veces logran aplastar a las delegaciones más pequeñas que están superadas en personal y recursos en las negociaciones de la ONU, en última instancia, siempre tienen que lidiar con Estados soberanos que ejercen plenamente su prerrogativa de representar a sus países y pueblos.
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