(Gaudium Press) No ha sido fácil en los últimos años la relación justicia australiana-Iglesia. En la memoria colectiva aún permanece la imagen del Cardenal Pell, tras barrotes, injustamente encerrado por una acusación que no se sostendría en ningún tribunal serio, pero que solo fue desestimada tras varias apelaciones y muchas luchas. El purpurado todavía está pagando los honorarios de sus abogados.

Ahora como espada de Damocles que se cierne sobre el secreto de confesión, llega la legislación que ha entrado en vigor en Australia Occidental el 1 de noviembre, en el sentido de que toda información sobre abuso sexual infantil es obligatorio trasmitirla, incluida aquella recogida bajo el secreto de la confesión.

Ya se han pronunciado varios expertos sobre lo ineficaz de la medida, pues ningún penitente va a correr tal riesgo a no ser que ya esté dispuesto a confesar ante la justicia civil, y lo que sí conseguirá es una deterioración en la confianza de los católicos hacia la confesión.

Sacerdote que recibida una información, incluso en confesionario, y no redacte un informe al respecto, estaría cometiendo un delito, y podría ser multado por 3.800 euros.

“Los pecados no se confiesan al sacerdote, sino a Dios”, dijo en el momento de la discusión de la ley el arzobispo de Perth, Mons. Timothy Costelloe. “El sacerdote, por lo tanto, no tiene derecho ni autoridad para revelar nada de lo que ocurre en este encuentro íntimo con Dios… Hacer ilegal la práctica libre de un aspecto esencial de la fe católica me parece que es algo que las sociedades seculares modernas tienen siempre entendido que está más allá de los límites de su autoridad”, aseguró el prelado.

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