Por Austin Ruse

(C-Fam) La semana pasada, gobiernos progresistas de occidente y “expertos” de la ONU siguieron suscitando amenazas veladas contra quienes critican la agenda homosexual y transexual, dando a entender que tienen la intención de acabar con todo discurso que exprese desaprobación moral sobre esos comportamientos.

Las amenazas se produjeron durante un diálogo entre delegados de la ONU y el profesor de derecho de Harvard, Víctor Madrigal Boroz, experto independiente en prevención de violencia y de discriminación basadas en orientación sexual e identidad de género, del comité de política social de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su reporte más reciente se centra en promover cuestiones de homosexualidad y transsexualidad, en un contexto de conflicto armado y pacificación.

Un delegado que representa a los 27 países de la Unión Europea, incluyendo a Polonia y a Hungría, atacó lo que él llamó “convertir un prejuicio en un arma de ataque” como algo que está prohibido por la legislación internacional de derechos humanos. La declaracióón de la Unión Europea planteó el caso de que esta prohibición no se circunscribe a la violencia, insinuando que también el discurso contra la agenda homosexual/transsexual debe ser considerado violación de los derechos humanos.

Bélgica, uno de los estados miembro de la Unión Europea, hizo aún más explícita esta intención cuando se quejó de “agresión verbal y física” contra individuos que  se identifican como homosexuales o transexuales. Debe observarse que el vocero belga se centró en “agresión verbal”. Esto significaría que se trata de cualquiera que hable en contra del movimiento homosexual/transexual. La implicación de ambas aserciones queda clara. Debera establecerse algún tipo de sanciones contra quienes critiquen el movimiento homosexual/ transexual.

La delegada irlandesa, que parecía ser mujer haciéndose presentar como hombre, habló contra la “propaganda nacionalista homofóbica y transfóbica,” aunque no quedó claro lo qué quiso decir con ello.

El enfoque de la Unión Europea de restringir el discurso, es congruente con políticas y normas que tocan todas las políticas sociales y económicas promulgadas por ella. Notoriamente, la Unión Europea llega hasta prescribir normas para los periodistas acerca de cómo referirse a cuestiones homosexuales y transgenéricas.

Madrigal-Borloz también hizo eco del lenguaje de la UE sobre la conversión del prejuicio en un arma de ataque. Se refirió a la “instrumentalización del prejuicio, también conocida como violencia por prejuicio.” Si, por ejemplo, una escuela despidiera a un profesor varón por haberse presentado como mujer, eso sería considerado “violencia.”

En declaraciones anteriores, Madrigal-Boroz había hecho un llamado a las empresas de medios sociales y a los gobiernos, a que abordaran el “lenguaje de odio”, término que jamás ha sido definido en las políticas de la ONU pero que es visto extensamente por gobiernos progresistas como el plantear objeciones morales a la homosexualidad o al comportamiento transsexual. Madrigal-Borloz ha llegado a clamar por sanciones penales contra cualquiera que critique la agenda homosexual y transexual, incluyendo a la Iglesia Católica.

Un delegado que representaba a los Estados Unidos le dijo a Madrigal-Borloz, que el gobierno de su país implantaría “humildemente” sus recomendaciones luego de su visita a los Estados Unidos el próximo verano. También admitió que hay estados americanos que imponen “restricciones ilegales a las libertades fundamentales, a pesar de las obligaciones que tienen bajo el derecho internacional.” No especificó cuáles estados están violando el derecho internacional ni qué leyes internacionales están siendo violadas por estos estados.

El tema homosexual/transexual es algo que promueven la burocracia de la ONU y un pequeño número de estados miembro. La orientación sexual y la identidad de género no forman parte del derecho internacional ni han sido aceptados por la Asamblea General como nuevas categorías de discriminación vedada. Donde avanzan su postura es en declaraciones de burócratas de la ONU y de un pequeño número de estados miembro que insisten en que la orientación sexual y la identidad de género son parte del derecho internacional. Aunque non son vinculantes, la influencia financiera y política de las agencias de la ONU y del sistema de derechos humanos de la ONU sí tienen un efecto.

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