Por María Errázuriz
Através de una carta publicada por el diario El Mercurio el pasado 28 de octubre, denominada “Un predio quemado y tomado”, don Juan Sebastián Gana, propietario de tierras ubicadas en la Araucanía (Chile) relata el abuso cometido y que sigue cometiendo el Estado y su lucha de años ya no para que le devuelvan su propiedad, sino que para que no le cobren el impuesto territorial anual al cual están obligados sus dueños.
Al día siguiente, el mismo diario le dedicó media pagina en el cuerpo C, señalando que se trata de 16 propietarios que en total suman 850 has., en la misma situación, que el 29 de mayo del año 2012 sufrieron un ataque incendiario de sus casas, galpones, bosques y posterior toma, por parte de una “comunidad radicalizada” – como llama la nota a los usurpadores que ingresaron abruptamente, encapuchados y apuntándolos con armas de fuego – impidiendo no solo desarrollar la actividad agrícola y forestal de muchos años, sino que volver a entrar en lo que les pertenecen “hasta hoy” según lo que indican los registros en el Conservador de Bienes Raíces, ya que convengamos que no le han sido expropiadas ni menos les han sido compradas, conforme a las reglas de un estado de derecho bien nacido.
Sin embargo, los hechos no llegan hasta ahí. Efectivamente y continuando con el relato del afectado por si y por sus vecinos en la usurpación y posterior negación de justicia, a raíz de la toma violenta de sus tierras y al no poder desarrollar ninguna actividad lucrativa, solicitaron la exención del pago de impuesto territorial mientras se encontraran en tal situación, obteniendo recién de después de 10 años, que el organismo estatal encargado de su cobro se dignara darles una respuesta, rechazando la petición por “no existir antecedentes suficientes” para acoger la petición (sic). Tómese nota que, entre los antecedentes presentados, se encuentra la carpeta investigativa llevada por la Fiscalía por los delitos de incendio y usurpación.
El problema que evidencia los hechos relatados no es sólo económico, sino que, de un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado en la protección del bien común y una violación a numerosos derechos constitucionales de esos ciudadanos, como lo son el derecho a la propiedad y sus atributos, la proporcionalidad de los tributos y su igualdad, la equidad o justicia tributaria, entre otros.
No olvidemos que el bien común comprende el libre desenvolvimiento humano, que estimula la responsabilidad y las iniciativas personales, el cual incluye al Estado, como gerente y guardián, que no destruye la propiedad privada, sino que la defiende; no debilita el dominio particular, sino que lo robustece. Todo lo contrario de lo que ocurre en nuestro país.
Mientras leía la nota pensaba cuantos ciudadanos se encontrarán en la misma situación y que no exponen públicamente a través de los medios de comunicación o redes sociales, la tragedia que viven y el desamparo en que se encuentran de parte del Estado, por temor no solo a las represalias de los gobernantes que obviamente ya no son sus aliados ni los protegen, sino que de los ocupantes ilegales de sus tierras que gozan de total impunidad.
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