(Gaudium Press) Isabel Vaughan-Spruce, directora de la organización March for Life en el Reino Unido y voluntaria que apoya a mujeres en crisis de embarazo, fue detenida por la policía frente a una clínica de abortos en Birmingham. La policía había recibido un aviso de que estaba rezando mentalmente. La nueva ley aprobada en el Reino Unido criminaliza a las personas que se encuentren “participando en cualquier acto de aprobación o desaprobación o intento de aprobación o desaprobación” en relación con el aborto, incluso por “medios verbales o escritos, oración o asesoramiento…”.

Sin embargo, Vaughan-Spruce no llevaba ningún cartel y permaneció en completo silencio hasta que los oficiales la abordaron y le mostraron algunas fotos de ella misma afuera de la clínica de abortos, preguntándole si estaba rezando.

“Es completamente incorrecto que la policía me registrara, arrestara, interrogara y acusara simplemente por rezar mentalmente. Estaba ejerciendo mi libertad de pensamiento, mi libertad de religión, dentro de la privacidad de mi propia mente. Nadie debería ser criminalizado por pensar y orar en un espacio público en el Reino Unido”, dijo Isabel Vaughan-Spruce, luego de su arresto por oración en silencio.

“Mi fe es una parte fundamental de lo que soy, así que a veces me paro o camino cerca de una clínica de abortos y oro por este tema. Esto es algo que he estado haciendo casi todas las semanas durante los últimos 20 años de mi vida. Rezo por mis amigas que se han hecho un aborto y por las mujeres que están pensando en hacérselo ellas mismas”, expresó Vaughan-Spruce.

¿Crimen de pensamiento?

“La experiencia de Isabella es muy preocupante para todos aquellos que creen que vale la pena proteger nuestros derechos fundamentales ganados con tanto esfuerzo. Es realmente sorprendente que la ley haya dado a las autoridades locales criterios de juicio tan amplios e irresponsables que ahora incluso los pensamientos se consideran ‘incorrectos’ y pueden conducir a un arresto humillante y un proceso penal. Una democracia madura debe ser capaz de diferenciar entre la conducta delictiva y el ejercicio pacífico de los derechos constitucionalmente protegidos”, dijo Jeremiah Igunnubole, asesor legal de ADF UK, la organización legal que apoya a Vaughan-Spruce.

Con información adf.uk.

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