A los franceses se le pone cada vez más difícil ‘okupar’ una vivienda. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado recientemente una proposición de ley para endurecer las sanciones contra los ocupantes ilegales de viviendas. Cuando la norma sea ratificada por el Senado y entre en vigor, los ‘okupas’ podrán ser castigados con hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa, el triple de las sanciones actuales.

Pero no solo habrá un aumento de las penas, sino que también se acelerarán los procedimientos administrativos para expulsar a los ‘okupas’ y se crea un delito específico para la ‘okupación’ ilícita, pues hasta ahora debía recurrirse al de violación de domicilio, lo cual planteaba lagunas jurídicas.

Los motivos expuestos por los promotores de la proposición en el preámbulo del texto legislativo son, por ejemplo, que la repercusión constante de casos de ‘okupas’ en los medios de comunicación es un testimonio “de la fuerte emoción que suscitan entre nuestros ciudadanos estos ejemplos de incivismo e injusticia vividos de manera cotidiana”.

También se han aportado datos como que el 64% de los propietarios de viviendas en alquiler en Francia solo poseen una y, en un tercio de casos, se trata de personas jubiladas para quienes esos ingresos “son absolutamente indispensables para garantizarles un retiro tranquilo”.

Mientras que las grandes empresas inmobiliarias disponen de medios para proteger sus propiedades, como sistemas de vigilancia, los pequeños propietarios son mucho más vulnerables a los ocupas, de ahí el interés en protegerlos con la nueva ley. Esta contiene medidas no solo contra los ocupas sino también para expulsar con más celeridad a los inquilinos morosos.

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