(C-Fam) La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado la eliminación de cualquier norma legal o prescriptiva que pueda impedir el acceso al aborto, en cualquier etapa del embarazo y por cualquier razón.

Sobre la base de su directriz técnica sobre el “aborto sin riesgo” publicada a principios del año pasado, la OMS publicó un informe de política sobre el establecimiento de una “legislación y un entorno normativo de apoyo” para el aborto.

La primera recomendación es la despenalización total del aborto.  En muchos países, el aborto se considera un delito penal, con excepciones en circunstancias específicas, como la violación, las amenazas a la salud o la vida de la madre o las complicaciones fetales.  La OMS insta a los países a que eliminen por completo el aborto del derecho penal, entre otras cosas velando por que las leyes contra el homicidio o la puesta en peligro del feto no se utilicen en los casos de aborto.

La OMS también resta valor a los “enfoques basados en motivos” en los que el aborto es legal en circunstancias específicas y, en su lugar, recomienda que el aborto “esté disponible a petición de la mujer, niña u otra persona embarazada.”  Los límites de edad gestacional también son rechazados, al igual que la objeción de conciencia por parte de los proveedores de atención médica, ya que “plantean barreras al acceso al aborto y tienen efectos negativos en el ejercicio de los derechos humanos.”

La OMS también recomienda que no se impongan períodos de espera y autorizaciones de terceros, ni se exija la aprobación de un panel de médicos o un juez, padre o cónyuge antes de un aborto.

Se insta a los países a no restringir “quién puede proporcionar y gestionar el aborto” de una manera “que no sea coherente con la orientación de la OMS.”  La orientación de la agencia de salud de la ONU sobre quién puede proporcionar el aborto se ha expandido continuamente, abarcando a médicos, enfermeras, parteras, farmacéuticos que prescriben píldoras abortivas, e incluso a mujeres embarazadas bajo el nombre de “cuidado personal.”

La OMS no sólo considera que una amplia gama de proveedores de atención de la salud son capaces de realizar abortos, sino que también puede prohibirles decir que no; la guía recomienda que “se proteja la atención integral del aborto contra las barreras creadas por la objeción de conciencia.”

Reafirmando su compromiso de asegurar que los abortistas no sean objeto de restricciones, la OMS publicó un manual de dos partes sobre planificación familiar y “atención integral del aborto” en la educación de los trabajadores de la salud.  Además de asegurar que aprendan habilidades médicas, el conjunto de herramientas se enfoca en asegurar que tengan las actitudes “correctas”.  Un aspecto de esto es “la clarificación de valores y la transformación de actitudes”, un término promovido por la organización abortista Ipas, que proporciona conjuntos de herramientas para romper las objeciones de los trabajadores de la salud a realizar abortos.

La OMS también procura integrar firmemente el aborto en sistemas de salud más amplios.  La guía señala que un obstáculo potencial para el acceso al aborto es “no asegurar fondos suficientes para la provisión de servicios de aborto a través de los sistemas de salud pública”, así como “una política a nivel de instalaciones que es más restrictiva que la ley.”  Esto podría aplicarse tanto a hospitales y clínicas seculares como religiosas, particularmente aquellos operados por instituciones religiosas que se oponen al aborto, como a los proveedores católicos que operan en todo el mundo y brindan la atención necesaria a muchas de las personas más pobres del mundo.

En su anterior directriz sobre el aborto, publicada en marzo del año pasado, la OMS recomendó “prohibir por completo las reivindicaciones institucionales de conciencia”.

En todo esto, la OMS sigue ignorando el consenso mundial de 1994, en el que las naciones acordaron que el aborto no es un derecho humano, y que la condición jurídica del aborto corresponde únicamente a los gobiernos nacionales.

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