Un gran escándalo internacional se ha creado con respecto a las andanzas poco claras del actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, cuando se desempeñaba como funcionario de la ONU en Guatemala.

Entre 2013 y 2019, la ONU creó una comisión para investigar los casos de impunidad y de corrupción en ese país centroamericano, denominada CIGIG (Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala). Velásquez se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia cuando fue elegido para ser el director de la CIGIC, y desde esa época mostraba sus inclinaciones hacia la extrema izquierda, montando procesos y acusaciones falsas contra los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.

Al asumir su nuevo cargo en Guatemala fue investido de plenos poderes para investigar, juzgar y condenar a quienes se le antojaba. La emprendió contra el presidente de ese país, contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas y contra un número importante de empresarios, que habían librado una dura guerra en contra de las guerrillas marxistas que habían cometido innumerables crímenes y de paso habían destruido el País. Sobra decir que los crímenes de la guerrilla quedaron en la más absoluta impunidad.

Su desempeño como autoridad judicial se caracterizó por la parcialización de sus actuaciones e investigaciones. Se hicieron burdos montajes, amañando procesos con falsos testigos, falsas denuncias y falsos testimonios, con pruebas fabricadas con engaño y mala fe, llevando a la cárcel a muchos inocentes, acusados de crímenes que no habían cometido. Fue hasta que en el año 2019, el presidente de Guatemala Jimmy Morales lo destituyó fulminantemente de su cargo, lo declaró persona no grata en Guatemala, y le dio un plazo de pocas horas para abandonar el País, en medio de un gran escándalo mediático.

De regreso a Colombia después de tantas indignidades, el Sr Velásquez se refugió en las filas del Pacto Histórico, y con el triunfo de Petro fue nombrado ministro de Defensa. Desde que asumió el cargo el 7 de agosto pasado, ha venido haciendo una purga sin precedentes en las Fuerzas Armadas y de Policía, pasando a retiro a unos 70 generales y a un número mayor de oficiales de menor jerarquía, además de humillar y despreciar a los soldados y policías que arriesgan su vida por la Patria.

Como ministro de Defensa, paulatinamente ha ido desarticulando la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas, al punto que ya no se combaten las organizaciones narco-terroristas. Lo que fueron en el pasado los efectivos organismos de inteligencia están siendo desmantelados, de tal forma que ahora no se pueden prever, ni mucho menos evitar, las acciones de los grupos terroristas y las bandas criminales, que ahora se cuentan por centenas y se han ido apoderando de las principales ciudades de Colombia.

Las acusaciones del Fiscal y del presidente de Guatemala son extremadamente graves. Por un lado, muestran la injusticia y la parcialidad con que fueron condenadas muchas personas en Guatemala. Y también, lo cual es un escenario completamente nuevo en este escándalo, que Velásquez tuvo vínculos con los funcionarios corruptos de la constructora Odebrecht, cuyos tentáculos se extendieron por varios continentes. Según las acusaciones, Velásquez les otorgó una situación jurídica privilegiada cuando eran investigados en Guatemala por los mismos hechos de corrupción que sucedieron en los demás países latinoamericanos.

Eso quiere decir que sobornaron a funcionarios del gobierno de Guatemala con grandes cantidades de dinero, para obtener contratos de obras públicas, tal como lo hicieron en los demás países. Y ahora se han descubierto esos vínculos, que por supuesto aun no se sabe qué tan graves fueron, ni hasta dónde van a llegar las investigaciones.

Lo que hasta ahora se ha anunciado, es que el Gobierno de Guatemala dictará una orden de captura internacional contra Iván Velásquez, lo que a su vez implica una solicitud de extradición hacia Guatemala. Y que sea capturado por la Interpol cuando viaje fuera de Colombia.

Gravísimo problema que no sabemos cómo va a terminar. Lo que sí sabemos, es que en Colombia cualquier oficial de las Fuerzas Armadas o de Policía que es acusado de haber cometido cualquier delito, con pruebas o sin ellas, es retirado de la Fuerza Pública. Aunque no exista ningún proceso contra él, solo por denuncias o sospechas se le obliga a abandonar la institución policial o militar.

¿Acontecerá lo mismo con el ministro? ¿Se aplicará la misma norma contra la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas? ¿O el presidente Petro lo mantendrá en el cargo a pesar del escándalo internacional que se ha desatado?

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Todo dependerá de la firmeza y del honor de las Fuerzas Armadas y de Policía, que tienen la obligación constitucional de exigir al presidente la renuncia del ministro, por ser indigno del cargo, y por estar incurso en una gravísima investigación de corrupción de carácter internacional.

Lo que es una verdad incontrovertible, es que los marxistas que festejan con caviar y champaña, y ocupan ahora los más altos cargos del Estado, tarde o temprano se desploman envueltos en la maraña de corrupción y de mentiras en la que viven. El tiempo termina desenterrando sus más oscuros secretos, para que la justicia y la verdad prevalezcan sobre la infamia y la mentira.

¡Colombia está a la espera de la renuncia del ministro de Defensa Iván Velásquez!

Eugenio Trujillo Villegas

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