Por Craig-Austin Rose

(C-Fam) Los demócratas del Senado han pedido al Departamento de Estado y a la USAID que garanticen los servicios de aborto para los funcionarios del servicio exterior destacados en el extranjero.

En una carta dirigida a la administradora de USAID, Samantha Power, y al secretario de Estado, Antony Blinken, el 23 de enero, Robert Menendez (D-NJ) y Jeanne Shaheen (D-CT), ambos miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijeron: “… a los diplomáticos y a otros empleados del Departamento de Estado y de la USAID que trabajan en el extranjero se les niega rutinariamente el acceso a la atención de la salud reproductiva”.

Citaron una carta de 2021 de más de 200 funcionarias del servicio exterior que pedían “servicios de planificación familiar, incluidos anticonceptivos de emergencia y aborto con medicamentos”.

Los senadores piden que se ponga a disposición una amplia gama de recursos de “salud reproductiva” a través de una enmienda al Manual de Relaciones Exteriores. Esto daría como resultado que todas las “unidades médicas desarrollen contactos y mantengan el acceso” a los proveedores de servicios de aborto locales o, si no están disponibles debido a que el aborto es ilegal en un país, utilicen los fondos de los contribuyentes para transportar a los empleados a un lugar donde se pueda realizar un aborto.

Esta solicitud parece socavar la Enmienda Helms, que prohíbe que los fondos estadounidenses para operaciones en el extranjero paguen la promoción y realización del aborto como método de planificación familiar. Una reforma del Manual de Asuntos Exteriores mediante la codificación del aborto para los empleados estadounidenses en el extranjero desafiaría explícitamente la enmienda pro-vida. Los defensores del aborto han presionado durante mucho tiempo a la administración de Biden para que redefina la enmienda Helms para permitir excepciones. Destrozar el interior de la Enmienda Helms para incluir el aborto en casos limitados sería la única opción para financiar abortos a través del proyecto de ley de Operaciones Estatales y Extranjeras, que es la fuente de financiación para todas las operaciones en el extranjero y el personal del Departamento de Estado.

El Manual de Asuntos Exteriores (FAM) es compilado y publicado por el Departamento de Estado y no está sujeto a la aprobación del Congreso. El manual (FAM) contiene todos los procedimientos, políticas y estructuras que rigen las operaciones del Departamento de Estado, el Servicio Exterior y “cuando corresponda, otras agencias federales” con misiones extranjeras, incluida USAID. Los cambios favorables al aborto en el manual no serían monitoreados ni sujetos a supervisión fuera del Departamento de Estado, lo que permitiría políticas de “atención médica” que de otro modo serían inadmisibles para muchos legisladores nacionales.

En la carta, a los senadores les preocupa la duplicidad en los asuntos exteriores, y afirman que la Estrategia Nacional sobre Equidad e Igualdad de Género de la administración Biden, en la promoción de “’salud y derechos sexuales y reproductivos tanto en el país como en el extranjero’” no ha aplicado los mismos “derechos” promueve a los trabajadores de USAID y del Estado que ejecutan la estrategia a nivel internacional:

“Luchamos por reconciliar la visión de la Estrategia Nacional con la experiencia de las mujeres que trabajan para el Departamento de Estado y USAID, a quienes se les pide que lleven a cabo los importantes objetivos de esa estrategia y, sin embargo, no tienen acceso a una atención adecuada de la salud reproductiva”.

Los defensores de la vida en el ámbito internacional dicen que es inquietante que una estrategia nacional que promueve el aborto sea vista como internacional tanto por la administración de Biden como por los senadores Shaheen y Menéndez. Otras preocupaciones incluyen que en el cambio propuesto, el aborto se determina explícitamente como un método de planificación familiar y se incluye en el término “atención médica reproductiva”. Los senadores también describen los recursos de aborto como “adecuados”, “apropiados” y “atención médica esencial”, reafirmando además que el lenguaje de “atención médica” en el contexto de las mujeres casi siempre incluye el aborto, particularmente en la legislación federal y los documentos de estrategia.

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