Nunca una ley injusta puede convertir en derecho lo que es un delito, ( San Juan Pablo II).

Valentina Orte

Este gobierno se ha caracterizado  por imponer una serie de leyes injustas, ya sean económicas −como la “espantá” que se está produciendo de empresas españolas que, hartas de la inseguridad juridica del país, se están deslocalizando y trasladándose a otras naciones, con lo cual, se producirá más paro y mucho menos ingresos a las arcas de Hacienda− o, aún peor, las injustas leyes que podríamos incluir en la consideración de leyes inmorales.

Nos referimos a las inicuas leyes de Sánchez/Montero.  Las denominamos así, inicuas e inmorales de forma alta y clara. Las leyes que favorecen el aborto, la eutanasia y últimamente, la “ley trans”, son inicuas, no pueden ser obedecidas porque son leyes injustas, contrarias a la equidad; se apartan de la recta razón y se convierten en leyes injustas, y por ello no tienen carácter de ley, sino más bien de violencia. Y al decir del Papa Juan XXIII, esas leyes son como si no existieran y, por lo tanto, no pueden ser obedecidas. Son estas leyes las del asesinato de nasciturus, la de eutanasia, llamada eufemísticamente, muerte dulce, que, en realidad, es el interés por la aceleración del fallecimiento de personas, en principio mayores, pero ya se ha visto en otras naciones que se aplica a personas jóvenes que afirmen querer morir, bien por enfermedad o depresión.

Y, de momento, la última  ley inicua a la que se han prestado obedientemente los diputados españoles quienes dieron el jueves 16 de febrero de 2023, su aprobación definitiva a una ley que permite cambiar de sexo mediante una simple declaración administrativa a partir de los 16 años, una medida que ha suscitado un fuerte debate en el seno de la coalición de izquierdas en el poder. El texto suprime la obligación de aportar informes médicos que acrediten la disforia de género y la prueba de dos años de tratamiento hormonal como ocurría hasta ahora para los adultos. También extiende este derecho a los jóvenes de entre 14 y 16 años, siempre que vayan acompañados en el procedimiento por sus tutores legales, así como a los de entre 12 y 14 años, si obtienen el visto bueno del tribunal.

El 25 de junio de 2023 hará tres años de la implantación de la ley de eutanasia, una norma que  en España, con procedimientos encubiertos, mata a una persona cada 24 horas. Por desgracia, cada vez son más los países que cuentan con marcos legales que permiten el suicidio asistido y, actualmente, son nueve los países en los que se puede acceder a esta polémica administración de fármacos –Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Canadá, Colombia, España y Nueva Zelanda–. La eutanasia se dispara. Cada año aumenta el número de muertes asistidas notificadas en los países donde está legalizada. En Bélgica, donde es legal desde 2002, los suicidios se hanmultiplicado por 10 desde su implantación, pasando de 235 a 2.699. En Países Bajos se pasó de los 1.815 de 2006 a los 7.666 de hace dos años y en Canadá, donde se legalizó en 2016, el 2,5 % de las muertes son a través de muertes asistidas. El Gobierno español decidió en 2021 implantar la eutanasia pese al rechazo de la oposición, −que recurrió la ley ante el Constitucional−, y sin tener en cuenta la opinión de los expertos, al igual que ocurrió con la ley del aborto. Según los datos que maneja el Ejecutivo, gracias a la norma, un español decide matarse cada24 horas.

Así que siguiendo las directrices de ideologización que marca el gobierno, con las que en ocasiones anteriores ha manifestado estar de acuerdo y ahora con mayor adhesión por las prebendas que el separatismo obtiene de los impuestos de todos los españoles, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido ponerse a la cabeza del siniestro movimiento que promociona la eutanasia repartiendo en centros cívicos y sedes de distrito donde realizan actividades personas mayores, propaganda hablando de que pueden acogerse a ese nuevo derecho: la eutanasia, es decir, derecho a que te maten salvando ellos su responsabilidad en el acto. El gobierno de Ada Colau ha repartido en centros cívicos y sedes de los distritos municipales unos dípticos en los que promociona la eutanasia. Concretamente, en la portada aparece «Derecho a morir dignamente», «si tú no decides, alguien decidirá por ti». En su interior se habla del Documento de Voluntades Anticipadas y se informa sobre los derechos que asiste a una persona si está enferma entre ellos se hace referencia a la ley que regula la eutanasia. Y se publicita el teléfono de la asociación DMD Cataluña (Derecho a Morir Dignamente), que suena muy bien pero que no deja de ser un “acelerador” de la muerte.

Habrá quien se  pregunte qué beneficio obtiene Barcelona, su municipio y su alcaldesa con esta actuación. A poco que reflexionemos nos daremos cuenta del ahorro que supone para los poderes públicos. Suprimiendo a mayores, disminuye el gasto en farmacia, en personal sanitario, hospitales….y sobre todo, el gobierno  se ahorra la pensión que dejan de abonar. Unido todo, supone un monto importante, así que con la hipocresía que les caracteriza han decidido tratar de convencer a los ancianos de que “mirando por su bien” les inducen a preguntarse para qué estar en este mundo, sufriendo, sin objetivos, con apenas o nulas relaciones familiares… lo mejor es “marcharse”: otro eufemismo para encubrir la hipocresía con la que “venden” sus acciones que siempre plantean como benéficas para aquel al que quieren eutanasiar, es decir, matar. La eutanasia beneficia a distinto nivel a los gobiernos implicados. El del gobierno local porque con su acción hace méritos ante el presidente de gobierno y el beneficio de éste consiste en que de esa forma, sigue haciendo progresos ante las élites que, al dominar sobre la mayoría de las naciones, imponen con distintos métodos reducir la población mundial, ante los cuales gobiernos genuflexos ante ellos, actuan como “agradaores”. Les va mucho en ello. Quizá tenga puesto el ojo en algún puesto internacional de relieve  como corresponde a sus méritos.

Los diputados también dieron el visto bueno a la  nueva ley del aborto que acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y permite abortar libremente durante las primeras 14 semanas (3 meses y medio) de gestación. De modo que estos destructores de la familia, en primer lugar y de la sociedad, deciden que una criatura de 16 años puede abortar sin conocimiento de sus padres, pero no puede ir de excursión con su clase ni tampoco a un museo si no presenta en el centro escolar la exigida autorización; no puede conducir, ni puede votar, ¿Tiene sentido esta ley?. Por otra parte, la ley no se preocupa de aquellos casos que surjan en el proceso complicaciones  para la madre. La ley se lava las manos porque la niña firmó su consentimiento ante la falacia de que “esto es muy fácil, es como un grano que te quitamos”, de modo que serán los padres por amor y responsabilidad quienes se harán cargo de los problemas que se deriven del aborto para la niña y no el gobierno de las leyes inicuas. Y, por supuesto, retiran la protección al ser humano por nacer al tiempo que la aprueban y protegen para huevos de aves, reptiles, etc. y para todo tipo de bichos, incluidas las ratas.

¿Y qué dicen los padres de las futuras criaturas ante esto? Nada, no pintan nada. Se viene observando en estas leyes inicuas que los padres no cuentan aunque la mitad de los genes del infante, le pertenecen, son suyos; la madre, por sí sola no puede generar una vida, necesita la colaboración del que ahora no quieren que se llame padre sino que por su inepcia absoluta le llaman progenitor A, sin tener en cuenta que con el cambio se refuerza aún más el concepto de paternidad, ya que el término proviene del latín progignere, “engendrar”, y alude a nuestros antecesores en línea recta, es decir, a nuestros padres, quienes nos engendraron. Al gobierno le da igual, cual apisonadora impone su criterio. Ya lo dijo la hoy ex ministra Celáa: los hijos no son de los padres sino del Estado, de un Estado que mata al nasciturus  sin ofrecer ayuda a la madre para que pueda seguir con su embarazo; ni siquiera permiten que oiga los latidos del corazón del bebé, no vaya a ser que la madre se arrepienta de seguir en la línea del ideologizado plan abortista. Al progenitor A, no le dan opción a opinar, como al hijo que no permiten que nazca, tampoco se le escucha.

Esta modificación de la ley del aborto ha sido incluida en una aún de mayor indignidad, si cabe. Es la conocida como Ley Trans. Los diputados españoles dieron el jueves su aprobación definitiva a una ley que permite cambiar de sexo, mediante una simple declaración administrativa, a partir de los 16 años; una medida que ha suscitado un fuerte debate en el seno de la coalición de izquierdas en el poder. El texto suprime la obligación de aportar informes médicos que acrediten la disforia de género y la prueba de dos años de tratamiento hormonal, como ocurría hasta ahora para los adultos. La aprobación de esta ley, defendida por el partido de extrema izquierda Podemos, aliado de los socialistas en el Gobierno de Pedro Sánchez, se produce cuando otros países europeos están frenando leyes similares. También extiende este derecho a los jóvenes de entre 14 y 16 años, siempre que vayan acompañados en el procedimiento por sus tutores legales, así como a los de entre 12 y 14 años, si obtienen el visto bueno del tribunal. España se suma así a los pocos países del mundo que permiten la autodeterminación de género a través de una simple declaración, como Dinamarca, el primer país de Europa en conceder este derecho a las personas transexuales en 2014.

Lo de la ley trans, si no fuera tan terriblemente destructora, sería hasta risible. La ley que no permite a un niño ir de excursión con su clase o simplemente a un museo sin presentar una autorización paterna o materna, puede decidir por sí mismo, hormonarse de por vida y amputarse sus órganos reproductores. En su torticera explicación «Hoy hemos dado un paso de gigante» al reconocer la «libre determinación de la identidad de género», dijo la ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, lo que es una gran falacia porque solo consiguen cambiar el aspecto externo. Lo más profundo del ser humano, aquello que adquiere en el origen de la concepción, no cambia. Lo explicó muy bien Jesús Barrón, un profesor de Biología y Geología en un instituto de la Comunidad de Madrid quien, creyendo poder ejercer su libertad de cátedra, explicó a los jóvenes una realidad científica: en biología solo existen dos sexos, hombres, definidos por los cromosomas XY; y mujeres, por XX. «El trans es un proceso de transformación, de maquillaje. El género no binario responde a un proceso masculino y femenino de desarrollo, no a lo que dice la ideología de género, que es un proceso de construcción». Recurren a todo para imponer la ideología de género, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. El profesor Barrón se olvidó ante sus alumnos del Ministerio de la Verdad que tan bien reflejó Orwell en 1984 .La democracia espía a los desafectos, como lo hace cualquier régimen ficticiamente democrático. Resultado: castigan al profesor Barrón a tres años sin empleo ni sueldo. ¿Por mentir a sus alumnos? No. Por considerar que es y vive en un país de ciudadanos libres sin someterse a las directrices del Gran Hermano.

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La aprobación de esta ley se produce cuando otros países europeos están frenando leyes similares al observar los problemas que sufren las personas amputadas. Descartada la ignorancia de los problemas derivados de la maligna ley, cabe preguntarse  ¿no le importa lo que sufra la sociedad que gobierna? O ¿quizá valora mucho más su sumisión a las órdenes de los directores del NOM? Los jueces han alertado por unanimidad que la ‘ley trans’ va a producir efectos muy graves al permitir los cambios ilimitados de sexo sin contar con informes médicos o psicológicos. El informedel CGPJ es demoledor. Así pues, el órgano de gobierno de los jueces ha alertado por unanimidad que la ‘ley trans’ va a producir efectos muy graves al “orden público al permitir los cambios ilimitados de sexo sin contar con informes médicos o psicológicos, y sin límite temporal alguno”. Una vez entre en vigor la ley podremos encontrar situaciones en los Juzgados encargados del Registro Civil en las que cualquier ciudadano podrá cambiar de sexo tantas veces como desee, ya que la ley establece que “transcurridos seis meses desde la última rectificación de sexo, se podrá seguir promoviendo nuevas rectificaciones sin límite cuantitativo alguno”, solo será necesario una petición y que el Juez acceda. Lo grave es que no existe ninguna medida que el Juez pueda exigir previamente, ya que no está previsto que pueda acudir a profesional alguno para que le auxilie en la toma de decisión, por lo que muchos juristas consideran que no podrá resolver negativamente la petición efectuada. Las dudas manifestadas tanto por los profesionales de la Sanidad como por AMANDA, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niños con Disforia Acelerada, unos y otras coinciden a la hora de mostrar su principal preocupación: que la nueva ley empuje a muchos menores hacia un proceso irreversible, asumiendo que son trans sin serlo realmente. El informe del CGPJ concluye que esta ley afecta a la estabilidad del estado civil de las personas y que va a provocar una grave inseguridad jurídica. No podemos obviar que este informe alerta de la posibilidad de que la ley favorezca el fraude y que el cambio de identidad de género pueda ser utilizado para fines ilícitos. En Escocia se produjo una gran alarma social cuando un violador decidió cambiar de sexo tras ser acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, beneficiándose de la legislación “trans”. Este rechazo popular a la ley ha provocado la dimisión de la primera ministra escocesa tras ser anulada por el gobierno del Reino Unido.

Mientras, en España se ha aprobado una ley mucho más permisiva que la escocesa, con el total respaldo de Pedro Sánchez, que ha humillado a las feministas socialistas como CarmenCalvo y Amelia Valcárcel entre otras, que han definido la ley como “monstruosa” por provocar graves consecuencias en “la lucha por los derechos de las mujeres y sobre la salud e integridad de la infancia”. Sobre todo, denuncian que “existe el peligro de que alguien pueda cambiar de sexo para eludir las responsabilidades en las denuncias por violencia de género”.

Ahora, el libro de Hanna Barnes Time to Think  (Tiempo para pensar) revela la verdad sobre el servicio de género insignia del National Health Service (NHS) para niños, el sistema sanitario en el Reino Unido. El Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género (GIDS), con sede en Tavistock[1] and Portman Trust en el norte de Londres, se creó inicialmente para proporcionar, en su mayor parte, terapias de conversión a jóvenes que cuestionaban su identidad de género. Esta era su última dedicación declarada, pero su primera y más importante labor fue la manipulación de la mente. En la última década, GIDS ha referido a más de mil niños, algunos de tan solo nueve años, a medicamentos para bloquear su pubertad. En el mismo período, el número de jóvenes que buscaban la ayuda de GIDS explotó, aumentando veinticinco veces. El perfil de los pacientes también cambió: de niños en gran parte prepúberes a niñas en su mayoría adolescentes, que a menudo se enfrentaban a otras dificultades.

¿Por qué los pacientes habían cambiado tan dramáticamente? ¿A todos estos jóvenes angustiados les fue mejor tomar bloqueadores de la pubertad y luego hormonas sexuales cruzadas, que causan cambios irreversibles en el cuerpo? Mientras que algunos jóvenes parecían prosperar después de tomar el bloqueador, muchos parecían empeorar. ¿Había suficiente evidencia clínica para justificar intervenciones médicas tan profundas en las vidas de los jóvenes que tenían muchos más problemas que resolver? Este libro, Tiempo para pensar, urgente, escrupuloso y dramático explica cómo, en palabras de algunos ex empleados, GIDS ha sido el sitio de un grave escándalo médico, en el que las preocupaciones ideológicas tuvieron prioridad sobre la práctica clínica. La galardonada periodista Hannah Barnes ha tenido acceso sin precedentes a miles de páginas de documentos, incluidos correos electrónicos internos e informes no publicados, y más de cien horas de testimonios personales de médicos de GIDS, ex usuarios de servicios y figuras de alto nivel de Tavistock, instituto que no solo se dedica a la transformación sexual de los niños. El resultado es una parábola perturbadora y apasionante para nuestros tiempos porque destapa los escalofriantes datos que llevaron al Gobierno británico a decretar el cierre de la famosa clínica. La pormenorizada investigación de la autora revela que el 97,5% de los menores que querían cambiar de sexo padecían autismo, depresión u otros problemas que podrían explicar el rechazo a su cuerpo y/o su género, y que, de haberse tratado correctamente, habrían evitado que muchos de ellos iniciaran un proceso irreversible. Aunque es difícil cuantificarlo, según adelanta The Telegraph, uno de los trabajadores llega a asegurar que tan sólo 1 de cada 50 menores tratados en la clínica habría seguido siendo transgénero de por vida si no hubieran iniciado el proceso de hormonación. Un dato escalofriante si tenemos en cuenta que, tal y como revela Barnes, los bloqueadores de la pubertad se administraban a niños de tan solo 10 años, a muchos de los cuales se les diagnosticaba tras una única consulta de apenas 20 minutos y afirma que, según sus datos, los menores atendidos en Tavistock tenían diez veces más probabilidades que la media nacional de tener como progenitor a un delincuente sexual registrado, mientras que el 42% había perdido a uno de sus padres por muerte o separación, y el 70% presentaba más de cinco «características asociadas», como ansiedad, depresión, abusos, autolesiones, acoso escolar, trastornos alimentarios o intentos de suicidio.

Se está tratando de convencer a la opinion pública de que hay una ingente multitud de personas que quieren tener otro sexo y no se le ha permitido. Es una gran mentira. En youtube hay un programa, Horizonte de Iker Jiménez en el que una transexual, Sandra Mercado, cuenta, en primera persona,  los peligros de la ley trans de Irene Montero/Pedro Sánchez. Operada varias veces para ser mujer, denuncia que nadie le habló de los riesgos que conlleva el proceso: la hormonación le provoca serios problemas de circulación que pueden desembocar en una trombosis y la eliminación de los genitales masculinos, riesgo de osteoporosis. Conclusión: está obligada de por vida a tomar grandes dosis de fuertes medicamentos, que, de momento, evitan los problemas descritos, pero teme los daños que le puedan estar causando. Por otra parte, cree que existe un lobby farmacéutico al que considera principal beneficiario de esta ley que al afectado solo ofrece, como se ha visto en Tavistock operaciones y hormonación, cuando como reconoce la valiente Sandra: “desde pequeña he tenido rasgos femeninos en el pensar y en mi actuación; llevo años hormonándome y he pasado por tres operaciones y, al final, no me siento plenamente mujer, porque creo que es un problema de cabeza que deberían empezar por tratar los psicólogos”.

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El Instituto Tavistock la clínica que se convirtió en una “barra libre de cambio de sexo” hasta ser definitivamente desmantelada. Durante aquella orgía de bloqueadores de pubertad y otros tratamientos, se contabilizaron más de mil denuncias por parte de las familias afectadas. Las estadísticas eran tan demoledoras que una de las doctoras entrevistadas en el libro, Anna Hutchinson, reconoce que temía «estar contribuyendo a un escándalo médico, en el que un servicio del NHS no se paraba a pensar qué más podía estar ocurriendo con tantos de estos menores vulnerables». La pregunta es por qué se llegó a este punto y la respuesta la da el propio relato de médicos y pacientes, quienes, a lo largo de más de 100 horas de entrevistas, describen una clínica desbordada por la demanda y sometida a la presión de oenegés y activistas trans. El propio personal muestra su preocupación por el alto porcentaje de menores autistas que acudían a la clínica, ya que, mientras a nivel nacional se estima que menos del 2% de los niños padecen un trastorno del espectro autista, alrededor del 35% de los menores tratados en Tavistock presentaban «rasgos autistas de moderados a graves«. ¿Les estarían medicando innecesariamente?, se preguntaban los profesionales. En el caso del autismo, las dudas eran y son más que razonables, puesto que se trata de un trastorno que por sí mismo puede generar una disforia de género que no desaparece con la hormonación ni el cambio de sexo. Los datos desvelan que detrás de los pacientes había un sinfín de problemas que podrían haber empujado también a los menores a rechazar su cuerpo o su género sin ser realmente trans. Según los datos que maneja Barnes, los menores atendidos en Tavistock tenían diez veces más probabilidades que la media nacional de tener como progenitor a un delincuente sexual registrado, mientras que el 42% había perdido a uno de sus padres por muerte o separación, y el 70% presentaba más de cinco «características asociadas», como ansiedad, depresión, abusos, autolesiones, acoso escolar, trastornos alimentarios o intentos de suicidio.

Al igual que Hanna Barnes, el grupo AMANDA[2] también considera que esta ley, que promueve el contagio social, se trata de «una moda». Sí, una moda destructora de niños y jóvenes, con lo que parece estar de acuerdo Podemos,  pues con la finalidad de que cada vez llegue a más menores y se extienda a nivel nacional, obligará a todos los centros a mostrar una postura afirmativa y a abrir el correspondiente protocolo de atención a la alumna o alumno que se declare trans y, al igual que con las demás leyes inicuas, sin ofrecerle más ayuda que las encaminadas a su destrucción. Una de las medidas más polémicas y comentadas es la prohibición de la terapia exploratoria. Al negar esta asistencia, lo que se promueve es el inmediato uso de fármacos y de cirugía. Es el o la joven, y no el especialista, quien decide si se hormona u opera.

Según el BOE, se promueve la aplicación de tratamientos de forma excepcional. Es decir, los procedimientos específicos deberán formar parte de los protocolos sanitarios y son: bloqueo puberal, hormonación cruzada y cirugías irreversibles.

Tanto los bloqueadores de la pubertad como la hormonación cruzada para el tratamiento de las personas transexuales no están recogidos en las indicaciones terapéuticas de los medicamentos utilizados y, en algunos casos, están expresamente contraindicados. Por tanto, solo se deberían aplicar en situaciones muy especiales, basándose en ensayos clínicos (que no se han realizado) y con los informes de la AEMPS ( Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)porque son tratamientos experimentales.

Con esta nueva norma, se pone en peligro la patria potestad. Según el artículo 70.3, que habla de los menores de edad, la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo; de este modo lo que en realidad pretende elMinisterio de Igualdad es dejar en un segundo plano a los padres. Si estos no quieren enfrentarse a la posible pérdida de la patria potestad de sus hijos, se ven obligados a autorizar todos los tratamientos médico-quirúrgicos que les reclamen.

A partir de los 16 años, o mucho antes si hay consentimiento paterno, el médico está obligado a atender al paciente sin tener que seguir sus principios éticos profesionales. En este sentido, cualquier método que tenga como fin modificar la orientación o identidad sexual se prohíbe. Así lo redacta el artículo 17 de la ley, que considera terapia de conversión cualquier terapia psicológica o psiquiátrica que no sea afirmativa. Quién realice este tratamiento será castigado con una infracción muy grave, por lo que tendrá que pagar hasta 150.000 euros y tres años de inhabilitación profesional, junto con otras medidas sancionadoras. Es decir, se obliga a los médicos a abjurar de su juramento hipocrático[3]. Impresiona la contemporaneidad del Juramento de Hipócrates, que pasados tantos siglos, y con tantos cambios en la Medicina y en el Mundo, sigue actual y sirviendo como indicador ético de la profesión médica, de modo que el Colegio de Médicos de Madrid se posicionó sobre la objeción de conciencia en la profesión médica para tratar de cuadrar los códigos éticos internacionales con su trabajo diario en España ante leyes que los violan, como por ejemplo la Ley de la Eutanasia. En el documento, que pretende repasar y actualizar desde la deontología, la compresión de la objeción de conciencia en la profesión médica afirma, entre otras cosas: «Los médicos sabemos que hay cosas que no debemos hacer». Aunque cada médico tiene su propia opinión, la ética del médico no es un ejercicio de su creatividad sino una reflexión sobre lo que le sucede. Es decir, existe una moralidad intrínseca de la profesión y lo que nos toca es esclarecerla. La Deontología procura plasmar las conclusiones de esta reflexión para ayudar en el comportamiento de los profesionales.

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Sin embargo, ante la nueva ley inicua, la ley trans, la Organización Médica Colegial, sin apenas tiempo para alegaciones, ha difundido la nueva redacción del Código Deontológico, el primero, según afirma, del Siglo XXI, y resulta muy revelador que dicho nuevo código suprima, (desconocemos si debido a presiones o de motu proprio), la inclusión del juramento hipocrático, vieja norma que es la piedra de toque que permite distinguir la deontología en sentido estricto de la adaptación conveniente a las exigencias del poder naturalmente en detrimento del paciente.

El punto seis del manual va encabezado por un sugerente título llamado «Recomendaciones sobre la objeción de conciencia». A pesar de que el documento recoge el derecho constitucional a la objeción de conciencia, el texto, y especialmente el punto seis, está plagado de matices que no se pueden pasar por alto. Ya desde el inicio, el manual advierte que este derecho «Deberá ser compatible con el derecho del paciente a la realización eficaz de la prestación» (página 4). Pero lo más alarmante es, que en el punto seis, el documento afirma que «Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia» (¡Viva la libertad!) y que «Es un derecho individual, no colectivo». Por lo tanto, prosigue, «No podrá ejercerse por una institución, un centro, un servicio o una unidad» (página 24). Esto, en la práctica, se traduce en que en todos los centros sanitarios públicos deberá haber profesionales que, olvidándose de su juramento y de su ética, estén dispuestos a administrar la eutanasia, abortos y operaciones de cambio de sexo, si no quiere exponerse a perder su empleo, al figurar en el listado como oponente, antagonista y contrario a las normas del poder.

Se ve clara su actuación. Aprueban o remodelan con muchas prisas leyes que provocan muerte o, al menos, destrozan vidas, pero tienen aparcada la ley de cuidados paliativos que prometió en 2019. Han hecho cálculos y han visto el gasto que supondría asegurar esta atención médica. De hecho, más del 60 % de los enfermos que necesitan cuidados paliativos específicos –aproximadamente 77.000– no los reciben, lo que sitúa a España a la cola de Europa en este aspecto. Así que han decidido olvidar en un cajón esa posible ley porque ya tienen una que les soluciona la cuestión de manera más rápida y económica: la ley de eutanasia.

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos denunció las «prisas» del Ministerio de Sanidad por implementar en el sistema sanitario la ley de la eutanasia y dejar aparcada esta ley de cuidados paliativos ¿Estará la explicación del diferente interés entre estas dos leyes en lo antedicho?. Desde la asociación recuerdan que los cuidados paliativos consideran al enfermo como un ser vivo y la muerte como un proceso natural. Juan José García, médico anestesista y ex secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, recuerda que la gran parte de facultativos apuestan por una ley general de cuidados paliativos como base para el cuidado de los pacientes. «Se necesita y no lo hay», asegura. Los cuidados paliativos no solo alargan la vida, sino que ayudan al paciente en su transición natural hacia la muerte. «Es lo que tenemos que hacer los médicos, ayudar al buen morir», sentencia. Desde la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, la expresidenta  Belén Martínez Cruz apuesta por cuidar la vida hasta el final y asegura que el valor de las personas que trabajan en cuidados paliativos es «creer en lo que hacen», y creer que tiene la misma importancia salvar una vida que cuidarla hasta el final. Exige ayudas prácticas, ya que si Sanidad prestara más atención a los paliativos, las personas podrían terminar su vida de una forma digna y rodeadas de sus seres queridos. Si así fuera, muchos menos casos requerirían ayuda para matarse.

La ACdP (Asociación Católica de Propagandistas) rechaza la nueva legislación que atenta contra la vida, la libertad y la dignidad de las personas: «En un estado social y democrático de derecho, en un país que se precie de defender la libertad y de proteger al débil, jamás el hecho de matar puede convertirse en un derecho. Aunque lo diga la ley», señala el comunicado. Leyes como esta suponen un deterioro social, por cuanto tienen repercusiones en la sociedad entera, haciéndola más débil y más cruel:

Llamamos a toda la sociedad civil a reaccionar frente a unas leyes que nos hacen cada vez menos humanos.

No es cierto que una mujer sea más libre si se le niega la información. No es cierto que los niños sean más libres si prescinden de sus padres, no es cierto que a los menores haya que protegerlos de sus padres, no es cierto que la única educación posible sea asumir todas las afirmaciones de género y, por supuesto, no es cierto que sea un bien acabar con la vida del débil, esté por nacer o en los momentos más vulnerables de su vida adulta. Una legislación así trivializa el valor de la vida humana. Y convierte al legislador en señor de la vida y de la muerte, cosa propia de los Estados totalitarios. Si afirmamos el derecho a la vida lo hacemos

con la vida de todos y cada uno, también de los que están por nacer, de los enfermos y de los ancianos.

“Desde la Asociación Católica de Propagandistas rechazamos, conscientes de haber sido creados para la Vida y la Libertad, estas leyes que anulan las libertades más fundamentales. Pero la defensa de la vida y de la libertad es una realidad que debería unirnos a todos, creyentes y no creyentes. Por ello llamamos a toda la sociedad civil a reaccionar frente a unas leyes que nos hacen cada vez menos humanos, menos compasivos, y menos libres”. Apoyamos fervorosamente estas declaraciones publicadas en El Debate el 03-03-2023.

Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris, de 1963, decía: «El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres; más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa». Cita además un texto de santo Tomás de Aquino y concluye diciendo: «En cuanto se aparta de la recta razón, es una ley injusta, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia», porque todas las leyes inicuas son aquellas que van contra el orden natural, obra del Creador y, en definitiva, contra la voluntad de Dios”.

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En otras palabras: el que una ley permita algo no significa automáticamente que lo permitido (o lo mandado, en algunos casos) por la ley, sea éticamente correcto. Grandes pensadores del pasado, al reflexionar sobre ello, reconocieron que, por encima de la ley positiva, formalmente correcta, existe una norma ética que permite juzgar la justicia de la ley. Cuando una ley permite o manda algo éticamente incorrecto y contrario a la justicia, se convierte entonces en una no ley. Ante tal ley, por lo tanto, cada ciudadano puede sentirse libre, o incluso obligado, a no obedecerla. Cuando la gravedad del asunto lo requiera, está llamado a desobedecer, aunque esto pueda implicar consecuencias graves para la vida o los bienes del ciudadano rebelde. Los peligros son mucho mayores en los estados totalitarios, aunque tampoco faltan en aquellas democracias que, a base de mayorías parlamentarias, imponen a la sociedad leyes injustas.

Es posible que lleven razón quienes aseguran que España se encuentra dominada por lo que llaman la estructura de Moriah, la jerarquía satánica más poderosa del mundo con sus Nephilim decididos a sabotear los planes de Dios. Algunos estudiosos  creen que estos seres demoníacos andan colocados en todos los niveles para crear el caos y hacer cumplir la obra del mal; Satanás y su imperio de maldad está implantando en el mundo este liberalismo y falta de valores morales que se van acrecentando a nuestro alrededor día a día, lo cual conduce a las personas hacia una total impiedad y a una absoluta injusticia e inmoralidad. El misterio de la iniquidad está trabajando activamente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo familiar, en lo religioso, dando los toques finales al escenario de la historia, para que haga su aparición el Anticristo, aquel “inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás”. Los mensajes de Nuestra Señora de La Salette para el mundo en 1846 son importantes y actuales para nuestros días: «No ofendan más a Dios (no pequen más) y hagan penitencia; si no, terribles pruebas y sufrimientos vendrán sobre el mundo».

• [1] El Instituto Tavistock, un organismo real situado en Essex, Inglaterra, es considerado el máximo centro mundial de control mental creado durante la Segunda Guerra Mundial bajo los auspicios de la familia Rockefeller. Una sofisticada organización creada para cambiar el paradigma de la sociedad contemporánea. «Todo lo que ha habido, desde la Nueva Izquierda hasta el Watergate, Vietnam, los Papeles del Pentágono, el movimiento hippie, el movimiento contra la guerra y la contracultura de las drogas y el rock, han sido proyectos de ingeniería social planificados de antemano», asegura Estulin.
• Durante la Segunda Guerra Mundial, el Instituto Tavistock fue el cuartel general de la Oficina de Guerra Psicológica del Ejército británico, que, por medio de lo que disponía la Ejecutiva de Operaciones Especiales, también dictaba la política que habían de seguir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en lo referente a la guerra psicológica. Los oligarcas crearon un mastodóntico programa de ingeniería social llevado a la práctica a través del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock y de otra red, mucho más grande, integrada por centros de psicología social aplicada y de ingeniería social que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esta monstruosa maquinaría del mal está compuesta por algunos de los centros más prestigiosos del mundo, dedicados a la investigación y al estudio, como por ejemplo el Stanford Research Centre de la Universidad de Stanford, la Rand Corporation, el MIT/Sloane, el Advanced Centre of Behavioural Sciencies de Palo Alto, el Institute of Social Research de la Universidad de Michigan, la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, la Harvard Business School, la London School of Economics de Londres, los National Training Laboratories, el Hudson Institute, el Esalen Institute, el National Institute of Mental Health, el National Institute of Drug Abuse, la Office of Naval Research. Hay otros, como la International Foundation for Development Alternatives y el Executive Conference Centre, ambos con sede en Ginebra, la primera escuela para graduados a jornada completa de la Era de Acuario, para ejecutivos de alto nivel de las quinientas empresas que figuran en la revista Fortune, donde se enseña cómo modificar la conducta. Daniel Estulin: El Instituto Tavistock pags 7 y 8.
•  [2] Agrupación de Madres de Adolescentes y Niña/os con Disforia Acelerada. Se manifiestan con un “ No a la transición médica en la infancia y adolescencia”. 
• [3] Hipócrates fue un prestigioso médico de la Antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Consideraban que la enfermedad era producida por supersticiones, como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Por esto se le considera el fundador de la medicina. Su preocupación con los deberes de los médicos, más que sus derechos, lo llevaron a desarrollar un juramento de ética médica que es llamado el Juramento de Hipócrates y aún actualmente es tomado por los médicos cuando empiezan su práctica. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque la palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo: un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico.

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