La primera obligación de la administración pública, a cualquiera de sus niveles, es el buen funcionamiento de los servicios comunitarios que se ofrecen a los ciudadanos a cambio de sus impuestos. Y esto vale tanto para una comunidad de vecinos como para la administración del Estado.

La administración del Estado -o sea el Gobierno-, no está para decirnos si debemos comer carne o saltamontes, ni para nuestra educación sexual, ni para darnos cursillos para tener un perro o instruirnos sobre las comodidades que debe tener el hámster en su jaula. Está para administrar eficazmente y de manera coste-eficiente y previsora los servicios que le están encomendados que necesitan los ciudadanos, desde la sanidad hasta el transporte o las infraestructuras.

Sin embargo, nuestros administradores públicos -gobiernos a cualquier nivel, pero sobre  todo el Gobierno del Estado- parecen haberse olvidado completamente de la correcta administración de los servicios. Como si el papel de los políticos fuera el debatir las ideologías y no gestionar eficazmente, que es para lo único para lo que se les necesita.

La atención sanitaria tiene unas demoras inaceptables, hasta para una simple consulta de Medicina General. La administración de justicia funciona con unos retrasos que son en sí mismo la antítesis de la justicia, porque no se puede estar tres años esperando una sentencia de pensión alimenticia para un menor. La seguridad social está colapsada, y se tardan meses en tramitar una pensión. Las subvenciones públicas no llegan nunca, y las tramitaciones burocráticas se hacen interminables: casi dos años para aprobación de la trasferencia de una plaza de un parking público. Completamente ridículo.

Retrásese a cambio usted un día en pagar su declaración de la renta, en su liquidación trimestral del IVA o en el pago de una multa de tráfico. Ahí no hay disculpas que valgan.

Para un trabajo de investigación, he pedido al Centro Documental de la Memoria Histórica el pasado diciembre de 2022 copia de tres documentos de dos o tres páginas cada uno, perfectamente referenciados con el número de signatura etc. A día de hoy, mutis por el foro. Me pongo en contacto telefónico con ellos y me contestan que están sobrepasados y que el tiempo medio de respuesta es de unos seis meses. ¡Seis meses para conseguir tres fotocopias para un trabajo de investigación! “Quéjese usted al Ministerio de Cultura, que nosotros no podemos hacer nada”, me dice la funcionaria que me atiende. ¿Y cómo se hace eso, quien me representa ante el Gobierno, quién es el valedor de mis intereses ante el Ministerio de Cultura?

Disfrutamos de una democracia de partidos que deja a los individuos aislados, indefensos e impotentes ante el Estado y las administraciones públicas, sin valedores, sin representantes, sin vías de participación reales para la mejora de lo que nos afecta.

España no funciona, y no funciona a pesar de tener un número de funcionarios que sobrepasa con mucho los tres millones, cuatro veces superior al que tuvo el Estado durante el régimen de Franco.

Pero nos dan un portazo en las narices y tenemos que aguantarnos. Nos dicen que nos operaran dentro de seis meses y a fastidiarse tocan. Que nos atenderán en la ventanilla dentro de dos meses y a esperar. Que nuestra demanda judicial tardará seis años en resolverse y paciencia señores. Nuestro trabajo de investigación puede retrasarse seis meses, que tampoco es para tanto, y la cadera dolernos durante ocho, que no pasa nada, y el alta de la pensión efectuarse cinco meses después de jubilado, que tampoco hay que venir con prisas…

Eso sí, dediquemos nuestras prioridades -gobierno y oposición- a debates sobre el cambio de sexo,  el cambio climático, el ecofeminismo, y el caso Tito-no-sé-qué… que son verdaderas prioridades.

Beneficios del sistema de partidos.

Advertisement. Scroll to continue reading.

TE NECESITAMOS: Google nos ha censurado la publicidad por ser peligrosa nuestra información. Somos un espacio de análisis lejos de los dogmas de la corrección política por lo que puedes  colaborar haciendo una DONACIÓN (pulsando aquí)

El buen gobierno es el buen funcionamiento de la administración y los servicios públicos. Lo que Fernández de la Mora llamaba “el Estado de obras”.

Y todo lo demás es la demagogia infumable en la que estamos inmersos, en una supuesta democracia que cada cuatro años nos halaga, para el resto del tiempo reírse de nosotros, matasuegras en mano, en la mas absoluta impotencia por nuestra parte.

COMPARTE: