Miedo: Luis Alfonso Garcia Carmona (*)

“¿De verdad alguien con medianas luces puede concebir que elementos como Lula da Silva, Petro, Morales, AMLO y afines son políticos que conducirán a sus países hacia un futuro de prosperidad, igualdad y libertad?” (José Vicente Pascual, El Manifiesto)

No se llamen a engaño, queridos compatriotas, con el título de este escrito, pues no se trata de una incitación a obrar con impetuosidad y precipitación para erradicar de un solo golpe la avalancha de males que agobian al país desde el pasado mes de agosto.

Por el contrario, nos proponemos, contando con su generosa comprensión, adelantar un riguroso ejercicio que nos conduzca de manera racional, reflexiva y, por supuesto, eficaz, al rescate de nuestra querida Patria, conducida ahora aceleradamente hacia la hecatombe final.

Entendemos por hecatombe un acontecimiento en el cual son muchos los perjudicados, como sucede en Colombia a partir del 7 de agosto de 2022, si reparamos en cualquier aspecto de la vida nacional.

1.- Seguridad y protección a la población

Es deber prioritario del Estado garantizar este derecho natural a los ciudadanos y así ha sido consagrado en nuestra Constitución Política, arts. 2 y 22. No puede, por lo tanto, ningún gobierno soslayar el cumplimiento del deber de proteger a las personas en su vida y bienes y mantener la paz y el orden, como base indispensable para la convivencia pacífica. 

En el caso particular de Colombia las principales amenazas contra el derecho fundamental a la vida y a la seguridad en los últimos sesenta años son responsabilidad del grupo armado ilegal denominado FARC, y continúan en la época presente bajo el disfraz de “disidencias de las Farc”, junto con la resucitada guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y otras bandas delincuenciales dedicadas al terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.

En lugar de articular una acción efectiva para proteger a la población de estas organizaciones criminales, veamos cómo ha procedido el régimen populista de orientación marxista-leninista que nos gobierna:

• Designó como Ministro de Defensa a un reconocido enemigo de las Fuerzas Armadas
• Durante estos primeros meses de gobierno se ha producido el mayor remezón de la historia en la cúpula militar, con la salida de más de 50 generales y de otros grupos de oficiales, el último con 34 oficiales retirados de la Policía Nacional.
• Ha ordenado a las Fuerzas Militares el cese unilateral del fuego, mientras persisten las masacres y actos terroristas.
• Prohibió a los agentes del orden continuar la erradicación manual de plantas de coca. Ya se había prohibido la erradicación por la vía de la fumigación aérea, por lo cual muy pronto viviremos en el mayor narco-estado de la tierra.
• Les está prohibido a los agentes del orden ejercer hasta el legítimo derecho a la defensa. Todo el país está enterado del secuestro de 79 policías y empleados de una empresa petrolera en Caquetá el pasado 2 de marzo en el cual fue degollado un miembro de la Policía Nacional. El propio Presidente prohibió que se defendieran de la agresión y se abstuvo de enviarles auxilio, abandonándolos a su suerte, en una clara violación de sus deberes como Comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Uno de los ministros del régimen social-comunista se atrevió a calificar el secuestro como un “cerco humanitario”.
• Se adelanta una oscura tarea para desmoronar la Fuerza Pública, coartando su accionar, impidiéndole la utilización de bombardeos para combatir el terrorismo y el narcotráfico, desmantelando la inteligencia militar y reduciendo su presupuesto. El objetivo es sustituirla por colectivos de criminales afectos al régimen. Por ello, vulnerando la separación de poderes, base esencial de todo sistema democrático, desde la Presidencia se solicitó la libertad de vándalos pertenecientes la “Primera Línea”, chusma que protagonizó la destrucción de varias ciudades y los ataques a agentes de la Policía en la pasada administración, los subversivos ahora son designados “gestores de paz” con sueldo oficial, y se intenta dar estatus legal a las “guardias campesinas”, que no son otra cosa que milicianos al servicio del régimen.
• El impulso al sucio negocio de la cocaína es una de las prioridades del régimen. Desde la ONU el presidente-guerrillero aseguró ante la perpleja audiencia mundial que es más peligroso el carbón o el petróleo que la cocaína. En lugar de perseguir los cultivos ilícitos, éstos se promueven con subsidios del Estado y nada se hace para sustituirlos por otros cultivos. No hay interdicción aérea o marítima en asocio de países consumidores, ni control a activos ilícitos, ni extradición a los capos de la droga, ni bombardeos a los laboratorios de coca en la selva, ni fumigación aérea, ni erradicación manual, ni control a precursores. El narcoterrorismo en el poder es omnipotente. En 2022, según la ONU, batimos nuestro propio récord de cultivo de coca con un aumento del 43%. Terminamos con 204.000 hectáreas sembradas que, según los expertos, llegarán a 300.000 en 2023.
• Inició con el ELN un proceso de negociación para la paz, sin que este grupo de bandoleros haya demostrado arrepentimiento por los crímenes cometidos ni voluntad de cesar su actividad delincuencial. A pesar de habérseles otorgado el estatus de “organización armada rebelde”, el proceso se cumple en medio de masacres como la cometida en el Catatumbo donde 9 soldados fueron asesinados y 8 más heridos, la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el ataque con explosivos en San José del Palmar, Chocó y acoso a militares y población civil en los departamentos de Cauca, Arauca, Chocó y Nariño.
• El abandono por parte del Gobierno de su primordial obligación de garantizar la vida, la integridad y la propiedad de sus gobernados, en aras de implantar un régimen marxista-leninista a toda costa, viola de manera grave el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, tratado de obligatorio cumplimiento para Colombia, que protege el derecho a la vida.

(Te invito a leer la segunda parte próximamente)

(*) Luis Alfonso García Carmona es graduado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia (Medellín), autor del libro “Reconstrucción Nacional” y columnista habitual de Tradición Viva (España), La Linterna Azul y El Pensamiento al aire (Colombia).

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