Por Stefano Gennarini, J.D. 

(C-Fam) La administración Biden encabeza los esfuerzos para adoptar y hacer cumplir los estándares de censura global contra las opiniones pro-vida y pro-familia.

El proceso para desarrollar estándares digitales para monitorear, moderar y censurar el discurso en línea se lleva a cabo bajo el pretexto de combatir la “violencia de género facilitada por la tecnología”, y cuenta con el respaldo de más de una docena de países.

Los estándares van a requerir que el gobierno y el sector privado censuren proactivamente las críticas a la ideología de género como una forma de “discurso de odio”. También van a requerir a las plataformas en línea y proveedores de Internet para hacer cumplir la ortodoxia feminista a través de algoritmos automatizados e inteligencia artificial, de acuerdo con lo que se denomina un enfoque de “seguridad por diseño”.

La idea de tales estándares se lanzó por primera vez en la Cumbre por la Democracia en 2022 en asociación con Dinamarca. La iniciativa del Departamento de Estado, titulada “Asociación mundial para la acción contra el acoso y el abuso en línea por motivos de género”, está orientada a abordar una amplia gama de conductas, y no solo conductas delictivas contra las mujeres.

“Algunas formas de violencia de género facilitada por la tecnología son criminales; otros no lo son, pero no obstante son dañinos”, según una actualización de la iniciativa del Departamento de Estado durante la Cumbre por la Democracia.

El sitio web del Departamento de Estado describe la violencia de género facilitada por la tecnología como “cualquier acto cometido, asistido, agravado o amplificado por el uso de tecnologías de información y comunicación u otras herramientas digitales, que resulte o pueda resultar en daño, u otras infracciones de derechos y libertades”.

La definición es lo suficientemente amplia como para cubrir cualquier intercambio de información u opiniones en línea contra el aborto o para promover la protección de los niños en el útero, en consonancia con la definición de “violencia de género” de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

“La negación del acceso al aborto ha sido identificada como una forma de violencia de género contra la mujer, que puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano y degradante”, se lee en una nota informativa de la oficina de derechos humanos de la ONU que resume el tema.

Los estándares serán financiados y promovidos a través de “programas de múltiples partes interesadas centrados en los sobrevivientes, basados en los derechos, informados sobre el trauma, interseccionales y transformadores de género”.

Se espera que se propongan para su adopción en un acuerdo de la ONU llamado Global Digital Compact, que será adoptado por la Asamblea General en septiembre de 2024. Google, Microsoft, Meta y otros actores importantes en tecnología digital y en línea ya están trabajando junto con los gobiernos para desarrollar y hacer cumplir las normas. Deben verse como parte de los esfuerzos de censura ya en curso por parte de los gobiernos expuestos por los archivos de Twitter y se los denomina “Complejo industrial de censura”.

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La administración Biden ya intentó y fracasó en incluir una definición amplia de violencia de género facilitada por la tecnología en un acuerdo sobre la educación de las mujeres a principios de este año en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Los diplomáticos de EE. UU pidieron específicamente que el acuerdo reconozca el papel de los gobiernos para dirigir las redes sociales y las plataformas de medios tradicionales para censurar y moderar el contenido en función de su potencial para contribuir a la “violencia de género”, a pesar de que este tipo de censura dirigida por el gobierno es ampliamente visto como una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

A pesar del revés en las Naciones Unidas, en la Cumbre del G7 del mes pasado, la administración Biden y otros gobiernos progresistas se comprometieron a “fortalecer los esfuerzos para coordinar enfoques para prevenir y responder al acoso y abuso en línea y la violencia de género facilitada por la tecnología”, así como para combatir la información errónea y la desinformación bajo el título de “apoyo a la libertad de los medios”.

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