Por Carlos M. Estefanía

En la edición del 18 de junio de 2023 del periódico sueco Aftonbladet, se destaca un artículo del periódico noruego Vårt Land (Nuestro Paría) que plantea una preocupación importante: los médicos forenses de Noruega advierten que se podrían estar pasando por alto asesinatos de ancianos y piden realizar más autopsias. Esta revelación plantea la pregunta de por qué se han dado cuenta de esto tan tarde.

Ahora resulta que los «expertos» están reconociendo lo que los teóricos de la conspiración clamaban a gritos durante la pandemia: que los ancianos fallecidos deberían haber sido sometidos a autopsias, especialmente considerando lo que algunos han llamado acertadamente un «gerontocidio» a nivel mundial. Sin embargo, nunca es tarde si la dicha es buena. Incluso se menciona la posibilidad de descubrir asesinatos que no se sospechaban previamente durante las autopsias. En este contexto, no se hace referencia al coronavirus, sino a casos de accidentes o muertes repentinas de manera vaga. Pero esto también podría aplicarse a aquellos que perdieron la vida debido a una sedación excesiva o al mal uso de respiradores, que no siempre fueron ancianos o personas obesas, los grupos más propensos a fallecer durante la conocida gripe.

Según el artículo, Torleiv Rognum, líder de una Comisión de Medicina Forense y profesor emérito, sostiene que al menos uno o dos asesinatos pasan desapercibidos anualmente en Noruega. Se basa en un estudio sueco publicado este año. Por otro lado, Lars Uhlin-Hansen, profesor de medicina forense, destaca la importancia de realizar más autopsias en casos de muertes en residencias de ancianos. Él afirma lo que todos sabemos: que las autopsias brindan la oportunidad de encontrar rastros de veneno o drogas peligrosas que de otra manera no se descubrirían.

Investigando más sobre estos dos médicos, se descubre que Torleiv Ole Rognum, nacido el 9 de abril de 1948, es un médico y político noruego del Partido Demócrata Cristiano. Quizás sea su sólido trasfondo ético, derivado de su religión, lo que lo ha llevado a lanzar esta advertencia respaldada por su amplio conocimiento y experiencia. Se licenció como investigador del cáncer en 1982 y fue nombrado profesor asociado en el Instituto de Medicina Forense de Oslo en 1984. Posteriormente ascendió al cargo de profesor en 1991. Ha trabajado en el Instituto de Patología de la Universidad de Oslo y en el hospital de Reino (Rikshospitalet). Además, ha brindado apoyo al Servicio Nacional de Investigación Criminal en identificación forense. También presidió el Consejo Asesor de Biotecnología de Noruega de 1998 a 2000 y luego ocupó el cargo de vicepresidente de la misma comisión. Sus palabras llevan consigo una gran credibilidad.

El profesor Lars Uhlin-Hansen, experto en patología forense, ha llevado a cabo un estudio comparativo de los certificados de defunción entre Noruega y Rusia. Su investigación explora la hipótesis de que los patólogos forenses utilizan diferentes criterios en ambos países para determinar la causa de muerte en casos de muerte súbita no violenta. Esta diferencia podría explicar en parte el mayor número de muertes por enfermedades cardiovasculares en Rusia en comparación con Noruega. En resumen, esto destaca el papel del factor humano y los elementos convencionales que influyen en las conclusiones científicas.

Si los medios de comunicación y, sobre todo, los políticos hubieran tenido esto en cuenta, no habrían respondido de manera tan agresiva a las críticas de la ciudadanía sobre muchas de las políticas represivas supuestamente «sanitarias» aplicadas durante la pandemia, tanto para la población como para la economía.

Aunque las declaraciones han sido tímidas y su «alarma» conservadora, podrían marcar el comienzo de una revelación que ha sido premeditadamente relegada por el poder. Esto se refiere a las consecuencias de la paralización de las prácticas de autopsia en el mundo occidental. No se trata de una prohibición explícita, sino de su eufemística «desaconsejación» los que tuvo un efecto similar. 

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó sus directrices para la «gestión segura de cadáveres en el contexto de la COVID-19», en las cuales se instruía que, si se seleccionaba un cadáver de un paciente con COVID-19 presunta o confirmada para una autopsia, los centros de atención médica debían garantizar medidas de seguridad para proteger a quienes la llevan a cabo. Aunque suena justo, también podría haber llevado a la interrupción de autopsias debido a la presunta falta de condiciones de seguridad. Posteriormente, hubo varios países cuyas autoridades médicas dejaron de recomendar exámenes post mortem en casos probables o confirmados de COVID-19. En otras palabras, si alguien moría con COVID, se asumía que había fallecido a causa de la enfermedad y no de otra causa.

 Entre las autoridades que no recomendaban las autopsias (sin prohibirlas abiertamente), se encuentran Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, España, Bélgica, entre otros (1). Esto ha sido un grave error, ya que se sabe desde hace tiempo que, a pesar de los avances tecnológicos, los errores en los diagnósticos y tratamientos equivocados continúan (2) y en ocasiones hasta aumentan. La autopsia es fundamental para el reconocimiento de nuevas enfermedades como el COVID-19 y, sobre todo, para esclarecer situaciones y reducir o ampliar las denuncias de responsabilidad médica. Todas las razones anteriores ejemplifican que la autopsia hospitalaria es un acto médico de suma importancia que no puede pasarse por alto, a pesar de la creciente carga de trabajo que representa la patología quirúrgica en los servicios de Anatomía Patológica.

Al dejar a discreción del hospital la realización o no de este tipo de estudio, se habrían ahorrado una considerable cantidad de dinero. La situación parece persistir en la Noruega post-COVID y posiblemente en otras partes del mundo donde la «ciencia» oficial no se atreve a cuestionar. Parece que las políticas que denomino «pandemistas», las mismas que un día declararon repentinamente el fin del COVID-19 y su alta letalidad, siguen teniendo su efecto en el debate público. Este debate fue silenciado por los medios de comunicación cuando era evidente que gran parte de la letalidad atribuida únicamente al coronavirus tenía como causa adicional los protocolos que, suavemente dicho, solo consideraban la enfermedad y no al enfermo. Esto podría haberse descubierto si se hubieran seguido realizando autopsias, las mismas que ahora se reclaman desde Noruega y que lamentablemente se detuvieron sin fundamento, fomentando así la paranoia social.

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Como si fuera poco con la “siega” de ancianos que implica el gradual establecimiento de la eutanasia en todo el mundo, también tenemos la posibilidad de que, al olvidar realizar autopsias, se estén ocasionando muertes sin que nos demos cuenta. Es fundamental reconocer que la autopsia es una herramienta crucial para comprender la verdadera causa de la muerte y evitar la subestimación de factores adicionales que podrían estar contribuyendo a los fallecimientos atribuidos únicamente al COVID-19. Además, su realización proporciona información invaluable para mejorar los protocolos médicos y reducir la responsabilidad médica en casos en los que se hayan aplicado tratamientos incorrectos.

Es esencial que se reconsidere la importancia de las autopsias y se promueva su realización sistemática en casos de fallecimientos relacionados con enfermedades infecciosas, como el COVID-19. La ciencia y la medicina deben abordar de manera integral el análisis de las causas de muerte para garantizar una comprensión precisa de los factores subyacentes y tomar decisiones basadas en evidencia sólida. Solo a través de este enfoque podremos enfrentar adecuadamente los desafíos de salud pública y evitar consecuencias perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

(1) https://factual.afp.com/las-autopsias-en-casos-de-covid-19-aunque-desaconsejadas-no-estan-prohibidas

(2)https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152014000200005

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