Por Rebecca Oas, Ph.D. 

(C-Fam) Los gobiernos progresistas y sus aliados presionaron la semana pasada en nombre de los derechos humanos a favor del aborto legal y accesible para las personas con discapacidad.

Los Estados parte del tratado de la ONU sobre discapacidad se reunieron en su conferencia anual para debatir la aplicación del tratado. Este año, el primer punto del orden del día era la prestación de “servicios de salud sexual y reproductiva”, una frase del tratado que los países progresistas quieren utilizar para imponer el derecho al aborto a todos los países que han ratificado la convención, aunque se resisten a mencionar el término “aborto” por lo controvertido que sigue siendo.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que entró en vigor en 2008, es el único tratado de derechos humanos de la ONU que contiene lenguaje sobre “salud reproductiva”.

La controvertida frase, comúnmente entendida como un eufemismo para referirse al aborto, sólo se incluyó en el tratado tras una larga y polémica negociación. Los países acordaron que el tratado no establecía un nuevo derecho al aborto. Ahora ese acuerdo está siendo atacado por países proabortistas y funcionarios de la ONU.

Los expertos en derechos humanos de la ONU que formulan recomendaciones sobre cómo aplicar el tratado se niegan sistemáticamente a exigir salvaguardias contra el aborto selectivo de niños con discapacidad, y siguen instando a los países a que incluyan la malformación fetal como causa de aborto legal.

Durante la conferencia de la semana pasada, Islandia hizo una declaración en nombre de un grupo de países progresistas en la que calificaba la conferencia de Estados Participes de este año de ocasión histórica. Afirmaron que era “la primera vez que se habla de salud y derechos sexuales y reproductivos” en una de las mesas redondas de la conferencia. El uso de este término fue deliberado e implicaba el aborto como derecho humano.

El término “salud y derechos sexuales y reproductivos”, o SDSR, no figura en el tratado, y añadiría el elemento de “derechos sexuales”, algo que el tratado no contempla. La nueva y controvertida expresión no ha sido adoptada por consenso internacional y no figura en la CDPD ni en ningún otro tratado de derechos humanos de la ONU.  En la medida en que alguna vez se ha definido la SDSR, como en una Comisión Lancet-Guttmacher de 2018, incluye el aborto como derecho humano, lo que contradice el consenso mundial.

En el ámbito de la discapacidad, existe un amplio consenso en contra de someter a las mujeres con discapacidad a abortos y esterilizaciones forzados.  Incluso la Unión Europea, que con frecuencia lidera la presión a favor del aborto en las negociaciones de la ONU, denunció específicamente estas prácticas en su declaración. Sin embargo, los países progresistas no ocultaron su intención de utilizar el marco de la discapacidad para imponer el derecho al aborto en todo el mundo.

El Reino Unido copatrocinó un acto paralelo junto con los gigantes internacionales del aborto MSI Reproductive Choices y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, en el que se destacaron sus alianzas en África y Asia. Uno de los panelistas trabaja para la filial nigeriana de Ipas, organización que se dedica casi exclusivamente a promover el aborto en todo el mundo.

El acto se centró en el programa británico “Women’s Integrated Sexual Health” (WISH) y en cómo sus organizaciones colaboradoras trabajan para que sus servicios sean accesibles a las personas con discapacidad.  Apenas se mencionó el aborto durante el evento, ni siquiera por parte del representante de Ipas, lo que demuestra lo controvertido que sigue siendo el aborto a nivel internacional.  No obstante, Ipas ha elaborado recientemente, con financiación del Reino Unido, un conjunto de herramientas de “aclaración de valores” sobre el tema de la accesibilidad del aborto para las mujeres con discapacidad.

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Este y otros materiales de “aclaración de valores” producidos por Ipas están diseñados para desestimatizar el aborto y adoctrinar a los trabajadores sanitarios para que superen sus objeciones a participar en la prestación de servicios de aborto.

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