Por Rebecca Oas, Ph.D.

(C-Fam) Un nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos pide a todos los países que condenen los discursos provida y obliguen a las empresas de redes sociales a no bloquear las publicaciones que contengan instrucciones para autoinducirse abortos.

Según la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, los gobiernos tienen la obligación de garantizar que las empresas tecnológicas no restrinjan el acceso a la información sobre el aborto, y deben proteger el derecho al aborto para contrarrestar la difusión de las “falsedades” que las organizaciones provida publican en Internet.

El informe se centra en “la innovación digital, las nuevas tecnologías y el derecho a la salud”.  La experta de la ONU que nominalmente preparó el informe, denominada “relatora” en la jerga de la ONU, es la doctora Tlaleng Mofokeng, abortista sudafricana, presentadora de un programa de televisión sobre sexo y activista a favor de la legalización del “trabajo sexual” (es decir, prostitución) en todo el mundo. Desde su nombramiento en 2020, utiliza con frecuencia su plataforma en la ONU para promover el aborto como un derecho e impulsar las cuestiones LGBTQ.

En su informe, Mofokeng insiste en que “como mínimo, los niveles de satisfacción del derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto”, deben “guiarse por los instrumentos contemporáneos de derechos humanos y la jurisprudencia”, así como por la labor de los organismos de la ONU. En concreto, cita las directrices de 2022 de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto “seguro”.

Los intentos de crear un derecho internacional al aborto por consenso mundial han sido rechazados repetidamente por los Estados miembros de la ONU durante décadas. No obstante, Mofokeng pide a los gobiernos nacionales que “emprendan campañas de información sostenidas y actividades educativas a través de plataformas digitales” para contrarrestar la “desinformación” de las organizaciones provida.

Mientras tanto, elogia a los “grupos informales y ONGs” por “llenar el vacío dejado por los Estados en la prestación de servicios de aborto”, señalando que pueden ser las únicas fuentes de información disponibles “para las personas embarazadas que viven en lugares donde el aborto está muy restringido”.

Mofokeng también señala que algunas plataformas de medios sociales “utilizan la categorización como método de control, por ejemplo la información sobre el aborto etiquetada como material explícito”.

El informe de Mofokeng contiene un catálogo de las demandas de los grupos abortistas en los últimos años. Cada vez se quejan más de que sus contenidos —incluidas las instrucciones para autoinducirse un aborto—son marcados y retirados de las redes sociales.

Los proveedores y promotores del aborto, como la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), también han hecho campaña contra los centros de recursos para embarazadas provida y han instado a los motores de búsqueda de Internet a que modifiquen sus algoritmos para rebajarlos en los resultados de búsqueda en favor de las clínicas abortistas.

Mofokeng —y la IPPF— basan sus afirmaciones en la idea de que el aborto es asistencia sanitaria y, puesto que la asistencia sanitaria es un derecho, deben eliminarse todas las barreras que impiden el acceso al aborto, incluyendo lo que Mofokeng denomina leyes “hostiles”.

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Mofokeng denuncia el “control de acceso” que censura los vídeos con instrucciones para el aborto autoinducido, incluida la información sobre cómo obtener ilegalmente medicamentos abortivos por correo.  Sin embargo, adopta un doble rasero cuando se trata de grupos provida.

Al hablar de las “falsedades” difundidas por los grupos provida, Mofokeng cita un artículo en el que se afirma que “el personal de algunos centros [de recursos para el embarazo provida] ofrece ecografías sin cualificación médica”.

En este artículo en el que advierte a las mujeres que eviten los centros provida, la IPPF también invoca el credencialismo al advertir contra quienes ofrecen ecografías: “Si su ecografía la realiza un ecografista, puede preguntar qué formación ha recibido y si está inscrito en un registro”.

En cambio, cuando defienden su promoción de la venta y distribución de medicamentos abortivos por proveedores ilegales en Internet, los defensores del aborto insisten en que actúan de acuerdo con las normas de la OMS.

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