Antes del siglo XVIII, antes de que la Revolución Francesa hubiese implantado artificial y tiránicamente en el mundo el “nuevo derecho” revolucionario, todos los países tenían instituciones políticas y sociales basadas en la fuerza de las costumbres cristianas, instituciones que no habían sido elaboradas por asambleas elegidas por la burla de la soberanía del pueblo.

Como dice Joseph de Maistre, “la constitución civil de los pueblos no es jamás el resultado de una deliberación”. No debe ser un simple acto de voluntad que nos dicta, sino sobre todo un precepto de la recta razón que no se puede desconocer y mucho menos ir contra el mandamiento divino. Las leyes humanas han de emanar de la ley eterna. Si se deja al arbitrio de las eventuales mayorías o de la multitud más numerosa la ley que establece lo que se ha de hacer u omitir, según León XIII, se prepara así la rampa que conduce a los pueblos a la tiranía.

Por lo tanto, transfiriendo el derecho de su fuente natural, que es la voluntad de Dios expresada por la ley natural y por la revelación, de las cuales la Iglesia es guardiana e intérprete infalible, a los sectarios que por golpes políticos se enseñorearon de los cuerpos legislativos a través de la alquimia del sufragio universal, el liberalismo preparó al mundo moderno para las cadenas que lo atan al Leviatán totalitario.

No debe extrañar, pues, que Napoleón se declarase más orgulloso por el código que trae su nombre, que por todas sus victorias como soldado. Consolidó la revolución, no tanto en los campos de batalla, sino al codificar el caudal de leyes emanadas de las asambleas revolucionarias. Cambacéres y sus comparsas pusieron un simulacro de orden en aquel caos de legislación racionalista, que sólo se preocupa con las apariencias del orden natural, ignorando completamente el orden sobrenatural. Ese naturalismo ya sería suficiente para establecer la escisión de la legislación revolucionaria con la ley eterna. Pero, además no son pocos los artículos del Código Napoleónico que se encuentran en frontal oposición a Jesucristo y a su Iglesia.

El cesarismo se manifiesta por el establecimiento del “casamiento civil”, por la autorización del divorcio, por los atentados contra el patrimonio familiar, en las disposiciones sobre sucesiones y el derecho de legar, por el no reconocimiento de la existencia de las Órdenes religiosas, por el rechazo del derecho que tiene la Iglesia de adquirir y de poseer libremente bienes. Mantiene la supresión revolucionaria de las corporaciones o de la libertad de asociación, afirma el falso principio de la igualdad civil y política de todos los ciudadanos, y basándose en ese falso principio, propina un golpe de muerte a la institución de la familia, al prescribir la división igualitaria de las herencias. Y así, a través de este código revolucionario, modelo de legislación que sería adoptada por todos los Estados modernos, Cristo Rey es expulsado de los gobiernos y de las leyes que rigen a los pueblos.

Este artículo se publicó originalmente en https://plineando.blogspot.com/

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