Carlos X. Blanco.
En España, y quizá de forma similar en otros estados de Occidente, la Escuela ha caído en las redes del neoliberalismo. La Escuela ha renunciado a transmitir el amor por el saber. La actual Ley fundamental en materia educativa (LOMLOE o “ley Celaá) desprecia abiertamente los conocimientos. De ellos se burla, tildando a la escuela tradicional de “enciclopédica”, “memorística”, etc. Frente al énfasis puesto en los conocimientos, la ley vigente en nuestro Estado se centra en las llamadas “competencias”. Lo cierto es que ningún docente tiene muy claro qué clase de entidad misteriosa es esa que, desde 2020, el docente tiene que evaluar de manera obligatoria. La subjetividad y la arbitrariedad se han abierto camino en materia de evaluación escolar y académica. Si ya antes la enseñanza en España era un auténtico coladero, a la hora de dar aprobados y otorgar titulaciones, ahora va a ser un caos: todos los niños van a ser “competentes”.
El término “competencia” posee un origen economicista, procede del mundo laboral. En el contexto de la selección de personal para puestos y oficios de naturaleza eminentemente práctica, podría tener sentido la elaboración de “rúbricas” específicas para ciertas “habilidades” y “destrezas”. En el ámbito pedagógico, en el mundo académico, es una verdadera aberración. El ser humano es, por definición, un animal de conocimiento. Sólo el Homo sapiens conoce, y la única función noble y esencial de la Escuela es impartir conocimientos. No hay ciudadanos con altura ética y con capacidades prácticas para el desempeño de las tareas vitales si antes no hay conocimientos. 
Miguel Ángel Tirado, un experto en Educación, escribe:
“No hay competencia sin conocimientos porque ser competente implica aplicar con eficacia lo que se sabe para resolver problemas concretos. Sin saber, no hay competencia posible. Para cocinar un buen plato no basta con saber la receta, pero sin conocer la receta no se puede cocinar ese plato” (M. A. Tirado, Escuelas que Enseñan. El conocimiento sí importa, Círculo Rojo, 2021, p. 91).

Yo no puedo estar más de acuerdo. Desde que el Estado español renunció a su soberanía educativa -un reflejo de su endeudamiento y pérdida de la soberanía económica- los gobiernos sucesivos no han hecho más que someterse a los dictados neoliberales, emanados de oficinas y gurús vinculados con la OCDE, el FMI, Bruselas, UNESCO, etc. Estas entidades supranacionales han asumido plenamente un lenguaje neoliberal, que en materia educativa es particularmente abstruso, más si cabe que en materia económica y laboral. Que sea un lenguaje tan opaco y barroco tiene una explicación: se trata de hacerle llegar a la sociedad un mensaje horrendo, pero que no parezca ofensivo: “No sean sabihondos, confórmense con unos titulitos que no garantizan nada salvo la plena disponibilidad de carne fresca y explotable en los mercados de trabajo”.
Justo antes de la entrada en vigor de la LOGSE (1990) la ley educativa socialista que comenzó a deteriorar la enseñanza en España, los jóvenes españoles recibían una aceptable formación académica en los colegios e institutos. Cientos de miles de estudiantes llenaron las universidades, muchos de ellos procedentes de la clase obrera y campesina. El nivel de formación adquirido antes de la LOGSE por parte de la juventud española fue un hito histórico. La mayor parte de los expertos, como el propio Miguel Ángel Tirado, reconocen que una educación pública de calidad es el verdadero -casi el único- “ascensor social”, que permite que las clases más desfavorecidas accedan a modos de vida mejores, y les abre las puertas a horizontes más amplios. El gran timo, la gran estafa educativa que domina España desde 1990 hasta hoy, es privar de conocimientos a los niños y jóvenes. Con esa privación de verdadero contacto con el saber, se perpetúa la condición social y económica de los desfavorecidos. Los niños en situación privilegiada y acomodada, siempre hallarán ámbitos donde compensar la falta de conocimientos recibidos en la Escuela. Pero a los niños de clase modesta que sólo pueden confiar en el Estado, se les cierran puertas y con ello se les condena a la ignorancia.
No hay visión más revolucionaria en materia pedagógica que ofrecer una Escuela exigente, de calidad, que imparta conocimientos sólidos. La Escuela neoliberal, consagrada por la Ley Celáa, está dominada por pedagogos mixtificadores que pintan una imagen tenebrosa de una supuesta “Escuela franquista” en la que profesores del Jurásico obligaban a “empollar” la lista de los reyes godos, epítome de un supuesto aprendizaje memorístico que no sirve para nada práctico. A los pedagogos que abominan de la “clase magistral”, del libro de texto, de la evaluación de conocimientos de 0 a 10, se les llena la boca hablando de competencias en vez de conocimientos. Pero, realmente, nadie sabe qué con esas maravillosas competencias que desmenuzan ad nauseam la actividad del maestro, entidades etéreas que se traducen, a la postre, en engorrosos informes de evaluación, llenos de páginas y “descriptores operativos”, etc., que nadie entiende, nadie lee y nadie sabe para qué sirven. ¿Incompetencia por parte de las autoridades y del legislador? En este terreno no hay nada inocente. La Ley Celaá o LOMLOE está pensada exclusivamente para lo siguiente: a) sentar las bases para un control exhaustivo de la actividad del docente, a quien se le va a poder hacer un seguimiento “en tiempo real” y a distancia gracias a las herramientas digitales de que se están dotando las administraciones educativas, y b) garantizar la imposibilidad de que el alumno repita curso o acumule suspensos, alegrando la vida a los estadísticos y burócratas que, anualmente, rinden cuentas a Bruselas. Todos los chicos “aprueban” competencialmente, aunque muchos suspendan cinco o seis asignaturas en un curso. La Ley Celaá es un timo, una verdadera estafa que viola la libertad de cátedra, de una parte, y viola, de la otra, el derecho a una educación de calidad que incluye, a su vez, el derecho a la Evaluación objetiva.
La palabrería imperante entre los pedagogos, los “dinamizadores digitales” y las administraciones educativas suele incluir llamadas a la “innovación”. Todos ellos -pedagogos y digitalizadores- carecen de experiencia docente directa, no son auténticos profesores y si un día lo fueron, tienen el oficio muy olvidado. Desprecian el conocimiento y hablan sin cesar de “aprender a aprender”, pero aprender ¿qué? Imponen al maestro que evalúe unas competencias que flotan al vacío. Nadie ha definido nunca (y es imposible hacerlo) qué diablos es una “competencia emocional” o una “competencia ciudadana” o una “competencia digital”. La lista de los reyes godos, con independencia de los juicios sobre su utilidad o relevancia como contenido histórico que un niño tiene que aprender, es objetivamente evaluable: te la sabes o no te la sabes. Siempre será más lógico y objetivo evaluar un conocimiento y no una cosa rara.
Como dice Tirado:
“El problema no son los conocimientos, a los que las innovaciones educativas intentan poner en tela de juicio, sino cómo conseguir ser más eficaces en su transmisión y en el aprendizaje de los alumnos. Cuando la innovación educativa no conduce a una mejora en los conocimientos y en las competencias de los alumnos, no es innovación, es otra cosa. La innovación que no ayuda al docente a enseñar mejor está tan lejos de considerarse innovación como de considerarse educativa” (op. cit. p. 92).
En Educación, como en todos los asuntos de la vida, no todo lo nuevo es mejor. Tampoco todo lo nuevo es “revolucionario” ni garantía completa de progreso. A veces, hay experimentos nocivos, llevados a cabo sin el más mínimo control ético. Desde la LOGSE (1990) hemos acumulado leyes educativas que siguen experimentando con los niños y adolescentes, así como maltratando al docente, cuya autoridad ha caído en picado ante padres, alumnos, autoridades educativas…y eso en correlación directa y significativa con la bajada de nivel académico y ético de los alumnos. Es hora de replantearse radicalmente las cosas y acabar con este modelo neoliberal de la enseñanza. Al fin y a la postre, en esta ley se trata de ir reduciendo presupuesto en este apartado de la Educación, vital para un Estado del Bienestar. Menos profesores y menos cualificados, reducidos al triste papel de meros mediadores entre las aplicaciones digitales y los niños, es decir, “unos pringados”. Que todos aprueben y que nadie se traumatice, pues un suspenso o no alcanzar una titulación tiene “coste emocional”. Una ley que protege “emocionalmente” a futuros fracasados e ignorantes… no puede ser buena ley. Es una estafa. Al final, lograremos en España una masa indócil e iletrada, carne barata en el matadero laboral o plebe que desconoce el esfuerzo y es fácilmente manipulable por medio de la “sopa boba universal”, que los políticos populistas prometen y reclaman.

COMPARTE: