Por Iulia Cazan
(C-Fam) La Relatora Especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión publicó un informe recomendando que los gobiernos y las empresas de redes sociales silencien a quienes expresan puntos de vista tradicionales sobre el matrimonio, el aborto, la sexualidad y la identidad de género.
El informe pide a los gobiernos que pongan freno a la “desinformación de género” argumentando que es una forma de “violencia de género”. Además, el informe dice que criticar la ideología de género es una estrategia para silenciar la libre expresión de las mujeres y de las personas “no conformes con el género”.
El esfuerzo se enmarca en el objetivo de garantizar un acceso generalizado a información que promueva la salud y los derechos sexuales y reproductivos y las diversas identidades de género. Sin embargo, en nombre de la libertad de expresión, el informe aboga por silenciar los contenidos familiares provida y protradicionales.
Por ejemplo, un padre de mentalidad tradicional que se opone abiertamente a los anuncios en las redes sociales que alientan a su hijo adolescente a explorar variaciones en la sexualidad estaría, según los estándares de este informe, involucrado en desinformación de género.
El informe pide combatir la violencia de género. Las agencias de la ONU y los gobiernos occidentales consideran que el “misgender” (del inglés, no llamar a alguien según su propia percepción de género) o referirse a alguien por su sexo apropiado es un acto de violencia.
El informe sostiene que “todas las medidas para restringir la desinformación de género, el discurso de odio o la violencia de género en línea deben cumplir plenamente con los estándares internacionales de derechos humanos”, citando específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el Pacto no menciona el “género” en absoluto, y mucho menos la nueva y controvertida idea de género “asignado al nacer”. Muchas empresas de redes sociales, incluido YouTube, desmonetizan y silencian a los usuarios que, mientras ejercen su libertad de expresión y de conciencia, se refieren a otros por su propio sexo.
La “desinformación de género” también se utiliza para atacar a quienes se oponen al aborto, incluidos, por ejemplo, quienes discuten las correlaciones entre el aborto inducido y el deterioro de la salud mental. El informe dice que “en Irlanda, en la época del referéndum sobre el aborto, se difundió información falsa que vinculaba el aborto con la depresión”.
En un evento reciente organizado por The Universal Access Project, Plan C y Amnistía Internacional Estados Unidos, varias organizaciones pro-aborto compartieron sus esfuerzos para garantizar que las empresas de redes sociales permitan a los usuarios compartir contenidos y recursos favorables al aborto, incluso sobre cómo obtener abortos dentro de los perímetros de un país donde el aborto está prohibido. También explicaron que se han estado reuniendo en privado con grandes empresas de tecnología para garantizar que el contenido a favor del aborto sea fácilmente accesible.
El informe actual considera la oposición al aborto o a las diversas identidades sexuales por motivos religiosos o étnicos como una práctica nociva que merece condena. Por ejemplo, menciona que “en África, la narrativa de la ‘protección de la familia’ emerge con fuerza… la narrativa anticolonialismo también se utiliza en África para acusar a los activistas de los derechos de las mujeres y a los defensores de los derechos de género de sucumbir a los valores occidentales”.
Una de las recomendaciones finales del Informe sobre la Libertad de Expresión alienta a los estados a “redoblar sus esfuerzos y tomar todas las medidas apropiadas, incluso a través de leyes, políticas y programas sociales, para… eliminar los estereotipos de género, las normas sociales negativas y las leyes, políticas, prácticas y actitudes discriminatorias”.
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La Relatora Especial presentará el informe a la Asamblea General este octubre y se espera que continúe avanzando y promoviendo una perspectiva de “género” sobre la libertad de expresión.
La Relatora Especial es Irene Kahn, quien fue derrocada como Secretaria General de Amnistía Internacional en 2008 y recibió un pago sustancial para dejar el cargo. Fue bajo su dirección que Amnistía provocó un escándalo entre algunos donantes al unirse a la causa proaborto. A Kahn se le pidió que se fuera al mismo tiempo que Kate Gilmore, quien también se trasladó a las Naciones Unidas y finalmente se convirtió en alta comisionada para los derechos humanos.
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