Por Lisa Correnti
(C-Fam) Un nuevo acuerdo de veinte años entre la Unión Europea y 79 países de África, el Caribe y el Pacífico está envuelto en una controversia mientras los líderes del mundo en desarrollo temen que la UE esté intentando imponer derechos sexuales controvertidos.
El acuerdo condiciona el apoyo económico de la UE a ciertas prioridades sociales y económicas de izquierda, incluida la educación sexual, el aborto, las cuestiones homosexuales/trans y otras políticas sociales controvertidas. El grupo mundial abortista con sede en el Reino Unido, la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), presionó para que estas cuestiones estuvieran en el nuevo acuerdo desde 2019.
Varios países están reconsiderando ahora si seguir adelante o no con la ratificación del Acuerdo de Samoa. Setenta y un países firmaron el documento el mes pasado, pero el tratado aún no ha entrado en vigor y podría estar en peligro.
Un fallo legal contra el nuevo tratado de la Academia Internacional Islámica de Fiqh advierte a los musulmanes de los veintidós estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica que la terminología del tratado sobre aborto, homosexualidad y educación sexual es “engañosa y contradictoria con la claras enseñanzas del Islam”.
El acuerdo es una operación de “cebo y cambio”, según Sharon Slater, presidenta de Family Watch International, quien ha hecho campaña contra el acuerdo los últimos dos años.
Slater dijo al Friday Fax: “Han convertido engañosamente este acuerdo comercial y económico en un tratado de derechos humanos y de ingeniería sexual-social, utilizando la fuerza del derecho de los tratados para imponer los valores sociales, sexuales y desviados de la UE a los países ACP”.
El Nuevo Acuerdo de Asociación reemplaza el Acuerdo de Cotonú de 2000, que se centraba estrechamente en el desarrollo, el comercio y el avance económico. Los intentos de 2010 de integrar disposiciones controvertidas sobre “orientación sexual e identidad de género” fueron rechazados.
Slater dice que muchos países están reconsiderando su posición sobre el acuerdo, incluidos Namibia, Nigeria, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uganda.
El gobierno de Nigeria dijo que no estuvo presente en la firma y que el acuerdo estaba siendo estudiado con miras a “garantizar que sus disposiciones no contravengan la legislación interna de Nigeria”.
El gobierno de Namibia emitió una declaración ministerial que describía varias disposiciones “que no estaban en consonancia con la Constitución de Namibia”.
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Además de adoptar políticas sociales y económicas controvertidas a nivel interno como condición para asociarse con países de la UE, el acuerdo podría obligar a los países africanos y a los estados insulares a alinear sus políticas exteriores con la Unión Europea, incluso siguiendo el ejemplo de la UE en las Naciones Unidas.
“El tratado compromete a los países a apoyar un nuevo orden global y una gobernanza internacional con la ONU en su centro”, dijo Slater.
Slater explicó que tanto los “derechos humanos” como la “salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos” están designados como esenciales para el acuerdo, incluida su interpretación por parte de los países europeos.
El acuerdo incorpora una revisión de 20 años de los compromisos internacionales sobre “salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos” que exige a todas las naciones “adaptar las leyes y regulaciones que criminalizan o de otro modo afectan los derechos sexuales y reproductivos de acuerdo con la justicia social y el desarrollo sostenible”, incluyendo proporcionando a los niños “educación sexual integral”, legalizando las relaciones homosexuales, la prostitución y el aborto.
Un arzobispo católico romano de Trinidad y Tabogo criticó duramente el Acuerdo diciendo que no se alineaba con los valores del pueblo caribeño y que era una “imposición colonial una vez más a los pequeños estados frágiles”.
La aplicación provisional del Acuerdo comenzará el 1 de enero de 2024. El consentimiento del Parlamento Europeo y la ratificación de los Estados partes (todos los Estados miembros de la UE y al menos dos tercios de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico) son necesarios para la acuerdo entre en vigor.
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