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Análisis

¿Por qué es tan urgente que el Gobierno español regule el acceso de los menores a la pornografía?

Imagen con licencia Pixabay

Itsaso Biota Piñeiro, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y María Dosil-Santamaría, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

El inicio del consumo de pornografía, según los estudios más recientes, se produce a edades cada vez más tempranas, concretamente a los ocho años. Uno de los términos más buscados en los portales de pornografía es “how to”, es decir, “cómo hacer”, lo que puede indicar también que muchos niños, niñas y adolescentes utilizan la pornografía para aprender sobre sexualidad.

Lo que estos menores encuentran en las páginas de pornografía son todo tipo de actos de violencia sexual representados como “sexo”, donde se normaliza, legitima y banaliza la violencia contra las mujeres.

Son numerosos los estudios sobre el consumo de pornografía y su impacto a nivel psicológico y social. Estas investigaciones han revelado claras asociaciones entre consumo de pornografía y desigualdad de género, sexismo y violencia sexual contra las mujeres, lo que pone claramente de manifiesto la necesidad de regular el acceso de los menores a este tipo de contenido.

El consumo frecuente y continuado de pornografía puede tener consecuencias especialmente graves para los más jóvenes, ya que cuanto más temprana es la edad de exposición a esta, mayor es su impacto en el comportamiento y los hábitos sexuales al llegar a la edad adulta. Los expertos señalan que uno de los peores efectos del consumo de pornografía en adolescentes y jóvenes es la distorsión perceptiva, la formación o deformación de actitudes ya que, debido a la etapa evolutiva en la que se encuentran, no tienen la madurez emocional para comprender lo que ven.

Relación entre porno y violencia

Un estudio examinó los vínculos entre la exposición intencional a material pornográfico y la conducta sexualmente agresiva entre adolescentes de 10 a 15 años en Estados Unidos. Se descubrió que a la exposición intencional a material pornográfico violento a lo largo del tiempo le predecía un aumento de casi seis veces en las probabilidades de comportamiento sexualmente agresivo.

Un metaanálisis realizado por el investigador Paul J. Wright en 2015 encontró asociaciones entre visionado de pornografía y comportamiento violento. Según él, los hombres que consumen pornografía son más propensos a practicar o desear prácticas dominantes y degradantes. También descubrió que las mujeres que consumen pornografía son más propensas a llevar a cabo o desear prácticas sumisas.

Teniendo en cuenta estos hallazgos y el significativo incremento de casos de violencia sexual entre adolescentes, la regulación del acceso de los y las menores a la pornografía se justifica en la necesidad de proteger su desarrollo emocional, psicológico y sexual. En el caso de Reino Unido, la última Ley de Seguridad en Línea, aprobada en noviembre de 2023 y cuya implementación está prevista para 2025, contempla métodos de inteligencia artificial (IA) como la identificación facial para poder acceder a páginas de pornografía.

Esta misma semana, el Gobierno español, junto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha anunciado medidas –entre otras, la creación de una aplicación que acredite la edad real de los usuarios– para la regulación del acceso a páginas de pornografía por parte de menores de edad, puesto que dichas webs no exigen en la actualidad verificación de edad más allá de la mera aceptación o autodeclaración de ser mayor de 18 años por parte del usuario.

Si bien la medida es absolutamente necesaria, estos controles deberían extenderse a todo tipo de redes sociales y plataformas digitales, puesto que la pornografía ha transgredido los límites de las plataformas exclusivas para tal fin, colonizando las redes sociales más utilizadas por la juventud. En la actualidad, es común encontrarse con contenido sexual explícito en redes sociales –sobre todo en Twitter– y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp.

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La facilidad para registrarse en redes sociales

Las personas menores de 16 años en la Unión Europea (UE) necesitan el consentimiento de los padres, madres o tutores legales para utilizar redes sociales, pero no existen hoy por hoy filtros efectivos para que los y las menores de dicha edad no accedan a estas plataformas. Hoy en día, cualquier persona puede registrarse en WhatsApp, Twitter, TikTok o Facebook a través de un número de teléfono móvil, puesto que el único filtro que establece la plataforma para certificar la edad es una pregunta al inicio del registro.

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En redes sociales como Instagram, donde la desnudez es estrictamente perseguida –las cuentas que infringen las normas pueden ser suspendidas en cuestión de horas–, se sigue permitiendo que bots inunden de comentarios con enlaces a páginas porno los perfiles de los influencers más seguidos por los jóvenes.

Asimismo, en plataformas como TikTok e Instagram son cada vez más comunes las campañas de captación de jóvenes –sobre todo, chicas– para que accedan a la industria de la pornografía o plataformas como OnlyFans.

Así pues, además de la regulación, es manifiesta la urgencia de implantar un modelo de educación sexual integral adaptado desde edades tempranas, cuyo objetivo debe ser proporcionar no solo conocimientos, sino también herramientas que permitan a los jóvenes detectar la violencia más normalizada en sus relaciones afectivo-sexuales.

Esta visión debe ir más allá de la transmisión de información básica sobre anatomía y métodos anticonceptivos y debe fomentar una comprensión profunda de las dinámicas de poder, el consentimiento y la importancia de las relaciones saludables basadas en el respeto mutuo. De lo contrario, sin una adecuada formación afectivo-sexual, será difícil que las personas jóvenes puedan ser conscientes de los efectos que el consumo de pornografía tiene en el desarrollo de su deseo y, por consiguiente, de sus prácticas sexuales.

Itsaso Biota Piñeiro, Profesora e Investigadora en la Facultad de Educación y Deporte (UPV/EHU), Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y María Dosil-Santamaría, Profesora en el Departamento de Ciencias de la Educación en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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